Este viertes, 30 de mayo, la Asamblea Nacional abrió el primer debate del proyecto de Ley de Solidaridad Nacional. Enviado el 17 de mayo por el presidente Daniel Noboa con carácter de urgente en materia económica, el proyecto busca desmantelar economías criminales vinculadas al conflicto armado interno. La propuesta, que incluye 32 artículos, abordó solo 14 en este debate inicial. Retornará a la Comisión de Desarrollo Económico para un informe final antes del segundo debate.
La iniciativa responde a la creciente inseguridad en Ecuador, impulsada por el crimen organizado. La ley combina medidas financieras, tributarias y de seguridad para proteger a la ciudadanía y reactivar la economía. Además, promueve la sostenibilidad fiscal en zonas afectadas por la violencia. El proyecto busca un marco legal que fortalezca la acción de las fuerzas del orden.
El oficialismo ha respaldado con firmeza la propuesta desde su presentación. La Comisión de Desarrollo Económico, liderada por Valentina Centeno de ADN, revisó el proyecto y sugirió reformas. Durante el debate, los legisladores oficialistas defendieron su enfoque integral. Sin embargo, la oposición expresó preocupaciones sobre puntos controvertidos, como las facultades del Ejecutivo.
Asamblea Nacional frente a la crisis de seguridad
Arianna Burgos, asambleísta de ADN, defendió la ley en el debate. “Esta propuesta ataca la inseguridad desde su raíz con acciones integrales”, afirmó. Burgos destacó que la ley va más allá del uso de armas. Busca soluciones estructurales para contrarrestar la delincuencia.
Andrés Guschmer, también de ADN, resaltó los beneficios sociales de la iniciativa. “El dinero incautado al crimen organizado financiará programas sociales”, aseguró. Esta medida pretende redirigir recursos ilícitos hacia el bienestar colectivo. El oficialismo ve la ley como una herramienta clave para la seguridad.
Alcance de los 14 artículos debatidos en la Asamblea Nacional
El proyecto, originalmente titulado Ley para Desarticular la Economía Criminal, incluye 32 artículos, pero solo 14 se debatieron inicialmente. Estos abordan la creación de un fondo con recursos confiscados al crimen organizado para financiar programas sociales y de seguridad. También proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre ellas, se tipifica como delito la pertenencia a grupos armados organizados, como Los Choneros o Los Lobos.
Los artículos debatidos autorizan detenciones y allanamientos con revisión judicial posterior. Además, eximen de prisión preventiva a policías y militares en operaciones contra el crimen. El proyecto que se revisa en la Asamblea Nacional reconoce el conflicto armado interno mediante decretos ejecutivos. Esto permite al presidente declarar zonas de seguridad identificadas por el Bloque de Seguridad.
Medidas de seguridad y fuerza letal
La ley autoriza el uso de fuerza letal por las Fuerzas Armadas contra objetivos militares. Estos incluyen vehículos sin placas o polarizados vinculados a actividades ilícitas. También abarca inmuebles usados para narcotráfico, minería ilegal o lavado de activos. El Bloque de Seguridad se institucionaliza como órgano de coordinación operativa.
Estas medidas buscan respuestas inmediatas ante amenazas criminales. La ley permite al presidente emitir decretos específicos en seguridad y economía. Así, se reduce la dependencia de estados de excepción. La oposición, sin embargo, cuestiona el alcance de estas facultades.
Sergio Peña, asambleísta, dice que quieren manejar el movimiento RC como una hacienda
Incentivos económicos y sociales
El proyecto ofrece incentivos tributarios a empresas que donen equipos a la Policía y Fuerzas Armadas. Reduce el impuesto a la renta por el valor de las donaciones. Estas medidas fomentan la participación del sector privado en la seguridad. También promueven la formalización económica en zonas críticas.
Para reconstruir el tejido social, la ley plantea incentivos anuales a pequeños productores, artesanos y emprendedores. Estas acciones buscan reactivar la economía popular y solidaria. La sostenibilidad fiscal en regiones afectadas es una prioridad. Los recursos incautados al crimen financiarán estos programas.
Asamblea Nacional: Proyecto se fundamenta en economías criminales
La ley fortalece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para detectar operaciones sospechosas. Establece penas de hasta 30 años para miembros de grupos armados. Identifica como objetivos militares bienes ligados a narcotráfico, extorsión o trata de personas. Estas medidas buscan desarticular redes financieras criminales.
El proyecto responde a la crisis de seguridad que ha dejado miles de víctimas. En 2024, Ecuador registró 7.033 homicidios intencionales, una leve disminución frente a 2023. Sin embargo, el crimen organizado sigue activo en provincias como Guayas y Esmeraldas. La ley busca atacar estas estructuras desde su base económica.
Desafíos en la aprobación
La oposición, liderada por Revolución Ciudadana, expresó reservas sobre los 14 artículos debatidos. Cuestionan las amplias facultades otorgadas al Ejecutivo, especialmente en el uso de la fuerza. Algunos legisladores temen violaciones a los derechos humanos. El oficialismo insiste en que la ley equilibra seguridad y derechos.
La polarización en la Asamblea Nacional podría retrasar la aprobación del proyecto. La Comisión de Desarrollo Económico deberá incorporar las observaciones del primer debate. El segundo debate será crucial para definir los 32 artículos. La ciudadanía espera resultados concretos frente a la inseguridad.
Hacia un régimen de transición
La ley propone un régimen de transición del conflicto armado a un estado de paz. Incluye apoyo de las Fuerzas Armadas en la reconstrucción social. Zonas como Guayas y Esmeraldas recibirán atención prioritaria. La formalización de la economía será un pilar fundamental.
La Asamblea Nacional enfrenta el reto de aprobar una ley que responda a la crisis. La propuesta de Noboa busca un cambio estructural en la lucha contra el crimen. Sin embargo, el consenso político será determinante. La ciudadanía observa con expectativa el proceso legislativo.
