Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el martes 23 de junio una resolución para activar la fiscalización Asamblea Nacional sobre el presunto incremento patrimonial alcaldes y prefectos en varias autoridades locales, con el objetivo de revisar reportes difundidos por la Contraloría General del Estado y medios de comunicación, en Quito, Ecuador, debido a posibles variaciones patrimoniales registradas desde el inicio de sus funciones.
Asimismo, la resolución asigna a la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos un plazo de 90 días para recopilar información, solicitar informes técnicos y convocar comparecencias dentro del proceso de fiscalización Asamblea Nacional, que analiza el incremento patrimonial alcaldes y prefectos, con apoyo de entidades como la Contraloría General del Estado, la UAFE, la Fiscalía y el SRI, según lo aprobado en el Pleno, con el fin de consolidar expedientes administrativos y datos financieros oficiales de autoridades locales en todo el país.
Durante la sesión, el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN) afirmó que la fiscalización Asamblea Nacional responde a un mandato constitucional orientado a la transparencia en casos de incremento patrimonial alcaldes y prefectos, y señaló: "La fiscalización constituye una obligación constitucional orientada a garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos".
Por otra parte, legisladores señalaron que información de la Contraloría General del Estado y reportes periodísticos evidencian variaciones asociadas al incremento patrimonial alcaldes y prefectos, lo que impulsa la fiscalización Asamblea Nacional, con énfasis en revisar declaraciones juramentadas y registros públicos de autoridades seccionales en todo el país.
Investigación y fuentes de datos
Por otra parte, la Contraloría General del Estado mantiene registros de declaraciones juramentadas que alimentan la revisión del incremento patrimonial alcaldes y prefectos, dentro de la fiscalización Asamblea Nacional, lo que permite identificar variaciones en activos reportados por autoridades locales en distintos periodos. Además, estas revisiones se realizan sobre declaraciones juramentadas presentadas desde el inicio de funciones de las autoridades seccionales.
Asimismo, la investigación periodística "Alcaldes y prefectos bajo la lupa" se basa en información pública de la Contraloría General del Estado y en registros oficiales que alimentan el análisis del incremento patrimonial alcaldes y prefectos, lo que derivó en el impulso de la fiscalización Asamblea Nacional, y se desarrolla con apoyo de Spondylus Info Lab, el Pulitzer Center, Fundamedios, Vistazo y una red de 36 medios de comunicación del país.
En ese contexto, el estudio revisó registros de 225 alcaldes y 23 prefectos provinciales, identificando 79 casos de saltos patrimoniales inusuales en declaraciones juramentadas ante la Contraloría General del Estado, según la información difundida por la serie periodística. Entre los hallazgos constan bienes como terrenos, viviendas, vehículos de alta gama, ganado y maquinaria pesada reportados en declaraciones oficiales.
Datos y control político en el Legislativo
Sin embargo, el proceso de control político establece un periodo de 90 días para consolidar información, por consiguiente la Comisión deberá presentar un informe al Pleno con conclusiones sobre el incremento patrimonial alcaldes y prefectos, apoyándose en insumos de la Contraloría General del Estado y otras entidades de control. Este plazo busca garantizar la verificación cruzada de datos y fortalecer la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos por autoridades locales.
Finalmente, el desarrollo de la fiscalización Asamblea Nacional se mantiene en curso con la recopilación de documentos y comparecencias, mientras se analiza el rol de la Contraloría General del Estado en la verificación de información patrimonial de autoridades locales en Ecuador.
