La Contraloría General del Estado anunció un examen especial de rutina a la administración de talento humano y pago de nóminas de la Corte Constitucional (CC), correspondiente al período del 1 de junio de 2021 al 31 de julio de 2025. La auditoría busca verificar el cumplimiento de normativas legales y la veracidad de los gastos realizados por la entidad en estos rubros, según un documento oficial enviado por la Contraloría a la CC.

El examen, que forma parte del Plan Anual de Control de la Contraloría, tiene como objetivos principales comprobar que la gestión de talento humano y nóminas de la Corte Constitucional se ajuste a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas aplicables, así como confirmar la propiedad de los gastos asociados. Este control se enmarca en las revisiones periódicas que el organismo realiza a las entidades públicas, según informó la Contraloría a través de un comunicado emitido a Televistazo.

Tensiones y malestar en las partes

Sin embargo, el anuncio de la auditoría generó controversia en redes sociales, donde algunos usuarios especularon sobre posibles motivaciones políticas detrás de la acción. Las sospechas se avivaron debido a las recientes tensiones entre el Gobierno y la Corte Constitucional, el máximo organismo de interpretación constitucional del país. A este contexto se sumó un episodio reciente en el que el Ministerio de Energía solicitó el desalojo del edificio donde funciona la Corte. Una pretensión que fue posteriormente retirada por la cartera de Estado, quedando sin efecto.

La Contraloría, en respuesta a las suspicacias, negó categóricamente cualquier intención política en el examen. En su declaración a Televistazo, el organismo enfatizó que “el componente de talento humano se revisa de manera periódica dentro del ámbito de la administración pública”. Además, aclaró que esta acción de control es parte de su programa habitual y no responde a intereses externos. “Reitero que es una acción de control del programa y de rutina”, señaló la entidad en su comunicado.

No se ha pronunciado sobre una posible auditoría

La Corte Constitucional, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la auditoría. Se espera que colabore plenamente con la entrega de la información requerida por la Contraloría. Este organismo, encargado de garantizar la supremacía constitucional y los derechos fundamentales en el país, ha estado en el centro de debates recientes debido a fallos que han generado controversia en el ámbito político y social.

El examen especial abarcará un período de más de cuatro años, lo que permitirá a la Contraloría revisar detalladamente aspectos como la contratación de personal. También el pago de salarios, beneficios laborales y otros gastos relacionados con la gestión de talento humano. Los resultados de esta auditoría, una vez concluidos, serán públicos y podrían derivar en recomendaciones, observaciones o, en caso de irregularidades, en la apertura de procesos administrativos o legales, según corresponda.

Este tipo de controles son habituales en las instituciones públicas del Ecuador. La Contraloría tiene la facultad de supervisar el uso de recursos públicos para garantizar transparencia y legalidad. En los últimos años, auditorías similares han sido realizadas a otras entidades estatales. Es decir, como ministerios y gobiernos seccionales, con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas.