El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes 8 de julio a la Administración de Donald Trump a reanudar los despidos masivos en agencias federales, como parte de su plan para remodelar el gobierno. La decisión, que levanta una orden judicial previa que bloqueaba las reducciones de personal, fue celebrada por el Ejecutivo, que busca implementar una reestructuración a gran escala. El fallo responde a un esfuerzo por reducir el tamaño del gobierno federal, según fuentes oficiales.
En un dictamen sin firma, el Supremo consideró que el decreto de Donald Trump de febrero, que ordenaba a las agencias preparar recortes significativos, es probablemente legal, según reportó el diario The Hill. La medida anula temporalmente la orden de la jueza federal Susan Illston, quien en mayo argumentó que los despidos requerían aprobación del Congreso. La decisión afecta a más de 20 agencias, incluyendo los Departamentos de Estado, Tesoro, Vivienda y Asuntos de Veteranos.
Un fallo «arrogante e insensato»
La única disidencia vino de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien calificó el fallo de “arrogante e insensato”. En su opinión, el Supremo desestima los hechos revisados por el tribunal inferior, actuando desde una posición alejada de las pruebas. Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor, en una concurrencia, aclaró que el fallo no evalúa la legalidad de planes específicos de recorte, dejando abierta la posibilidad de futuras impugnaciones.
El Departamento de Estado celebró la decisión a través de un mensaje en X. “La decisión casi unánime del Supremo confirma que la ley estuvo de nuestro lado. Seguiremos con nuestro plan histórico de reorganización, un testimonio de la dedicación del presidente a la agenda de ‘EEUU primero’”. La Casa Blanca, mediante el portavoz Harrison Fields, calificó el fallo como una “victoria definitiva” contra “jueces izquierdistas” que intentan limitar el poder ejecutivo.
Opiniones divididas
El plan de Donald Trump, impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), busca reducir el tamaño de la burocracia federal. Afectando potencialmente a decenas de miles de empleados. Según un informe de Reuters de abril de 2025, un 56 % de los estadounidenses apoya la reducción del gobierno de Donald Trump, aunque un 40% se opone. Los sindicatos, como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales, criticaron el fallo, argumentando que los despidos sin aprobación congresal violan la Constitución y amenazan servicios esenciales.
La reestructuración de Donald Trump, iniciada en febrero con un decreto que exigía planes de recorte en dos semanas, ha generado tensiones legales y sociales. La decisión del Supremo, aunque temporal, marca un precedente en el debate sobre el poder presidencial frente al Congreso. Mientras los tribunales inferiores continúan evaluando la legalidad de los despidos.
