La Corte Constitucional de Ecuador admitió a trámite dos de tres demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Solidaridad contra la Economía Criminal, publicada el 10 de junio de 2025 en el Registro Oficial Suplemento 56. Esta normativa, la primera presentada con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa en su nuevo período presidencial, busca combatir las economías ilícitas. Las causas admitidas, identificadas como 50-25-IN y 51-25-IN, cumplen con los requisitos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que la demanda 49-25-IN fue rechazada por no ajustarse a los parámetros legales.

La decisión de la Corte, tomada este viernes 4 de julio de 2025, implica que la Ley de Solidaridad continuará vigente mientras se analiza su constitucionalidad. No se otorgaron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con los requisitos legales establecidos. El juez Alí Lozada será el encargado de sustanciar las demandas, que se acumularán en una sola causa para su revisión.

Detalles del proceso constitucional

Las demandas admitidas cuestionan aspectos clave de la Ley de Solidaridad, una normativa impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Según el constitucionalista José Chalco, el proceso de acumulación de las causas permitirá un análisis más eficiente. La Asamblea Nacional cuenta con un plazo de 15 días para presentar su defensa ante los cuestionamientos planteados. El trámite podría definir la validez de la ley.

La Corte Constitucional, al admitir las demandas, evaluará si la normativa respeta los principios establecidos en la Constitución. Este proceso no implica una suspensión inmediata de la ley, que continuará aplicándose hasta que se emita un fallo definitivo. La decisión de no otorgar medidas cautelares refuerza la continuidad de las disposiciones legales mientras se desarrolla el análisis jurídico.

Puntos claves de la Ley de Solidaridad

La Ley de Solidaridad contra la Economía Criminal incluye medidas destinadas a combatir las actividades ilícitas. Entre sus disposiciones, destaca la propuesta de que empresas privadas donen equipamiento a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas a cambio de reducciones tributarias. Asimismo, la normativa contempla un indulto diferido para agentes de estas instituciones, lo que ha generado debate entre sectores sociales y políticos.

Otro aspecto relevante es el incremento de penas para quienes integren grupos armados organizados, así como la autorización de allanamientos sin previa orden judicial en el contexto del conflicto armado interno, aunque sujetos a control posterior por un juez. Además, la ley establece tres compensaciones económicas anuales para pequeños y medianos productores, así como para actores de la economía solidaria, las cuales podrán ser reguladas mediante decretos ejecutivos.

Contexto y relevancia de la normativa

La Ley de Solidaridad, presentada como una prioridad del gobierno de Daniel Noboa, responde a la necesidad de enfrentar el auge de economías criminales en el país. Su carácter de urgencia económica, según lo dispuesto en la Constitución, permitió su aprobación en un plazo reducido por la Asamblea Nacional. Sin embargo, las demandas de inconstitucionalidad reflejan preocupaciones sobre posibles vulneraciones a derechos fundamentales, especialmente en temas como los allanamientos y las compensaciones económicas. El trámite en la Corte Constitucional marca un nuevo capítulo en el debate sobre esta normativa.