Organizaciones ambientalistas y exfuncionarios del Ministerio del Ambiente rechazaron este martes 1 de julio la propuesta de crear la Empresa Pública del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP-EP), incluida en el proyecto de ley para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del sistema nacional de áreas protegidas. La iniciativa, remitida por el Ejecutivo, será debatida el 2 de julio en la sesión n.º 015 de la Asamblea Nacional, a las 12h00, ante preocupaciones sobre posibles privatizaciones y pérdida de control estatal.
El proyecto, tramitado en la Comisión de Desarrollo Económico, fue aprobado para primer debate el 29 de junio con siete votos, bajo la presidencia de la legisladora Valentina Centeno (ADN). La propuesta establece que el presidente Daniel Noboa creará la SNAP-EP, encargada de administrar las áreas protegidas. También de constituir fideicomisos públicos con fondos de donaciones, préstamos e ingresos propios. Según Centeno, la ley busca proteger reservas naturales de la minería ilegal, un problema que afecta el 10% de las áreas protegidas, según el Ministerio del Ambiente (2024).
Hay desacuerdos con este proyecto de ley
Sin embargo, en una carta dirigida a Noboa, al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y a la ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, nueve exfuncionarios y ambientalistas cuestionaron la figura de empresa pública. Entre los firmantes están Tarsicio Granizo (exministro y representante de WWF Ecuador), Alfredo Carrasco (exsubsecretario de Capital Natural). Asimismo, figuran Galo Medina (The Nature Conservancy), Sebastián Valdivieso (WCS), y Carmen Josse (EcoCiencia). Argumentan que “podría abrir la puerta a procesos de privatización encubierta, tercerización de servicios esenciales y pérdida de control estatal sobre territorios estratégicos”.
Los ambientalistas sostienen que “la conservación de la biodiversidad no debe estar sujeta a lógicas empresariales ni a esquemas de rentabilidad económica”. Propusieron en su lugar un Servicio Nacional de Áreas Protegidas como organismo técnico autónomo, financiado con recursos públicos y cooperación internacional. También pidieron un diálogo con comunidades, academia y organizaciones. Esta postura refleja preocupaciones globales, donde el 60% de las áreas protegidas enfrenta presiones económicas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2023).
Los fideicomisos y otros detalles
El proyecto incluye la participación de la fuerza pública en zonas con grupos criminales, un cambio aprobado en la comisión. Los fideicomisos propuestos se alimentarán de donaciones nacionales e internacionales, préstamos y rendimientos de proyectos SNAP-EP. En 2024, Ecuador recibió $15 millones en donaciones para conservación, según el Banco Mundial, lo que sugiere un potencial financiamiento. Sin embargo, la oposición a la empresa pública destaca riesgos de corrupción. Un problema que costó $1,000 millones al sector ambiental entre 2015 y 2020, según la Contraloría.
El contexto muestra un sistema de áreas protegidas que cubre el 20% del territorio ecuatoriano. Es decir, con 46 parques nacionales y reservas, pero enfrenta amenazas como la deforestación (7,000 hectáreas perdidas en 2023, MAE). Por ello, la Asamblea debatirá el proyecto en un momento de alta presión ambiental, con el 40% de la población apoyando políticas de conservación, según encuestas de INEC (2025). El resultado del debate del miércoles podría redefinir la gestión de estos espacios, equilibrando seguridad, conservación y economía.
