La empresa estadounidense Progen enfrenta una deuda de USD 12,4 millones con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) tras la terminación unilateral de un contrato para construir una central eléctrica en Salitral, provincia de Guayas, dispuesta el 18 de junio de 2025. La decisión, que responde a retrasos y vencimiento de pólizas, está en pausa por un arbitraje de emergencia iniciado por Progen ante la Cámara Ecuatoriano Americana. La disputa refleja los desafíos de los proyectos energéticos en Ecuador y sus implicaciones financieras.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) resolvió el 18 de junio de 2025 terminar unilateralmente el contrato con Progen, empresa estadounidense encargada de construir una central eléctrica en Salitral, Guayas, valorada en USD 99,4 millones. La decisión se basa en retrasos en la obra, que acumula un avance del 73,58% según Celec, frente al 90% reportado por Progen, y el vencimiento de pólizas de seguros esenciales. Hasta la fecha, Celec ha desembolsado USD 69 millones a Progen, pero exige USD 12,4 millones por multas, garantías técnicas y otros conceptos pendientes una vez se liquide el contrato.
Un proyecto que enfrentó dificultades
El proyecto, iniciado con un plazo original de 120 días para la puesta en marcha de la planta, enfrentó dificultades desde su inicio. Celec otorgó dos prórrogas a Progen: la primera de 35 días y la segunda de 22 días, extendiendo el plazo hasta el 27 de febrero de 2025. Sin embargo, la central eléctrica no entró en operación para esa fecha, lo que llevó a Celec a imponer multas por USD 5 millones por incumplimiento de plazos. Según la resolución de Celec, Progen tuvo oportunidad de defenderse, pero no logró desvirtuar los incumplimientos, por lo que las sanciones se mantienen en firme. Progen, por su parte, ha presentado recursos de impugnación ante la Procuraduría General del Estado, que aún están en proceso.
Además, Celec reclama a Progen USD 6,9 millones por una garantía técnica, USD 4 millones por el suministro de repuestos y USD 10.932 en cuentas por cobrar. Estos montos, sumados a las multas, resultan en los USD 12,4 millones que la empresa deberá pagar una vez se concrete la liquidación del contrato. Progen argumenta que el proyecto está cerca de completarse y busca, mediante un arbitraje de emergencia ante la Cámara Ecuatoriano Americana, continuar con las obras para evitar la terminación del contrato.
Otro factor que precipitó la decisión de Celec fue el vencimiento de las pólizas de Responsabilidad Civil, Accidentes Personales y Vehículos de Progen, esenciales para cubrir riesgos como accidentes laborales. Según la resolución, estas pólizas están vencidas desde el 2 de abril de 2025. Y Progen no ha presentado documentación que acredite su renovación pese a 15 requerimientos de Celec. Este incumplimiento representa un riesgo significativo para la seguridad de los trabajadores y la continuidad del proyecto.
Contexto energético y económico
El caso de Salitral se enmarca en los desafíos que enfrenta el sector energético ecuatoriano. Allí los retrasos en proyectos de infraestructura han generado tensiones entre el Estado y contratistas privados. En 2024, Ecuador reportó un déficit energético que obligó a implementar cortes programados. Esto ha intensificado la presión sobre Celec para garantizar la operatividad de nuevas centrales. La terminación del contrato con Progen podría retrasar aún más la puesta en marcha de la central de Salitral. Afectando los planes de fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.
La disputa también tiene implicaciones políticas. La fiscalización de los contratos de Progen ha generado enfrentamientos en la Asamblea Nacional. Allí, la Comisión de Transparencia, liderada por la asambleísta Diana Jácome, y la Comisión de Garantías Constitucionales, impulsada por la bancada de Revolución Ciudadana, reclaman competencia sobre el caso. Este conflicto refleja la polarización política en Ecuador tras las elecciones de febrero de 2025, donde ningún bloque legislativo obtuvo mayoría absoluta.
Desarrollo del arbitraje
El arbitraje de emergencia iniciado por Progen busca revertir la terminación del contrato y permitir la conclusión de la obra. Sin embargo, la resolución de este proceso podría extenderse, afectando tanto los plazos del proyecto como las finanzas de ambas partes. Mientras tanto, Celec mantiene su postura de exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la devolución de los USD 12,4 millones.
El desenlace de esta disputa será crucial para el sector energético y la confianza en los contratos públicos. La central de Salitral, una vez operativa, podría contribuir a aliviar el déficit energético en la región costera. Por ahora, el caso destaca la importancia de la supervisión rigurosa en proyectos de infraestructura y los riesgos asociados a incumplimientos contractuales.
