La Contraloría General del Estado, bajo la gestión de Mauricio Torres desde noviembre de 2023, ha realizado 108 exámenes especiales a declaraciones patrimoniales juramentadas de jueces, fiscales y servidores judiciales. Como resultado, 59 de estos informes presentan indicios de responsabilidad penal, lo que ha llevado a su envío a la Fiscalía para investigación.
Contraloría identifica anomalías en patrimonios judiciales
Desde el inicio de la actual administración de la Contraloría, 106 exámenes han estado dirigidos a jueces y funcionarios judiciales, y 2 a fiscales. Según cifras oficiales, el 54 % de los informes revela inconsistencias en activos y pasivos, lo que constituye posibles responsabilidades penales.
Adicionalmente, hay 52 auditorías en curso: 33 de ellas enfocadas en jueces y otros servidores judiciales y 19 a fiscales. Estos procesos se basan en denuncias ciudadanas, reportes mediáticos y solicitudes de la Asamblea Nacional.
La Constitución obliga a todos los funcionarios públicos a presentar declaraciones patrimoniales al iniciar, a mitad y al finalizar sus funciones. Esta obligación incluye también momentos en los que la Contraloría lo requiera expresamente.
Gobierno intensifica control a jueces y fiscales
El Gobierno de Daniel Noboa ha lanzado una ofensiva contra decisiones judiciales que favorecen a procesados por delitos graves. El 13 de junio, mediante un comunicado oficial, se anunció que el Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realizarán análisis patrimoniales. Además revesarían la licitud del origen de fondos de jueces, fiscales y sus familiares directos.
Esta medida se enfoca especialmente en aquellos operadores judiciales que han otorgado medidas sustitutivas a prisión preventiva a procesados por delitos como asesinato, narcotráfico, secuestro y extorsión.
El ministro del Interior, John Reimberg, declaró que se divulgarán públicamente los nombres de los funcionarios judiciales que incurran en estas prácticas. Esta posición ha generado debate y seguimiento legislativo.
Comisión de Fiscalización analiza acciones judiciales
Desde el 17 de junio, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Ferdinand Alvarez, lleva a cabo sesiones para recibir información sobre la cooptación del sistema judicial. Han sido citados altos funcionarios, incluidos los ministros del Interior y Defensa, y el comandante de la Policía.
Durante su comparecencia, Reimberg reiteró que se investigará el patrimonio de los jueces y fiscales. Además, se prevé que se convoque a la UAFE, Contraloría y al SNAI, con el objetivo de entregar un informe hasta el 27 de junio.
El trasfondo incluye la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial, como evidencian los casos Metástasis, Purga y Plaga. Estas investigaciones derivaron en sentencias, sanciones y destituciones para más de un centenar de funcionarios en lo que va del año.
Corrupción judicial: una amenaza a la institucionalidad
En lo que va del 2024, el Consejo de la Judicatura ha registrado la destitución de 102 servidores judiciales, en el marco de 614 expedientes disciplinarios abiertos. Estas acciones han sido impulsadas por la creciente presión social y política frente a la sospecha de que parte del sistema judicial ha sido infiltrado por redes criminales.
El énfasis del Ejecutivo y de los organismos de control refleja un intento de recuperar la confianza en la justicia ecuatoriana y garantizar la transparencia de los funcionarios públicos (21).
