El Tribunal de Corte Provincial de Guayas ha ratificado la prisión preventiva para los 16 militares procesados por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño en diciembre de 2024.
El 20 de febrero de 2025, el Tribunal de la Corte Provincial de Guayas resolvió rechazar la apelación presentada por los 16 militares procesados por la desaparición forzada de tres adolescentes y un niño en diciembre del 2024, durante una operación de patrullaje en Guayas. Esta decisión se tomó luego de la reinstalación de la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por los uniformados, lo que ha desatado reacciones en la opinión pública y críticas de los defensores de derechos humanos.
El caso Las Malvinas y su contexto
El 8 de diciembre de 2024, a cuatro jóvenes —tres adolescentes y un niño— los detuvo una patrulla militar que respondía a una alerta de robo en la avenida 25 de Julio, cerca de Guayaquil. Los militares involucrados indicaron que a los chicos los capturaron s después de sorprenderlos presuntamente robando un vehículo. Sin embargo, en lugar de seguir los procedimientos legales establecidos, a los detenidos los embarcaron en una camioneta y llevados a la zona rural de Taura, ubicada a unos 60 kilómetros de Guayaquil.
A los pocos días, los cuerpos de los jóvenes aparecieron calcinados en una zona apartada de Taura. La versión oficial de los militares sostiene que liberaron a los chicos en la zona de Taura, pero insisten en que su muerte fue producto de la intervención de bandas criminales.
Reacciones y denuncias de los defensores de derechos humanos
La denuncia de desaparición forzada y el tratamiento de este caso como una posible ejecución extrajudicial ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil. Fernando Bastías, defensor de los derechos humanos, ha expresado su preocupación por la falta de documentos oficiales que respalden la versión de los militares, además de señalar las contradicciones en los relatos sobre las circunstancias de la detención y la posterior desaparición de los menores.
“El video filtrado por los militares no muestra pruebas claras de un delito. De hecho, no hay registro formal de la detención, ni informes sobre el paradero de los chicos, lo que constituye una desaparición forzada”, comentó Bastías en una publicación en redes sociales.
El defensor insiste en que la detención de los jóvenes de Las Malvinas se dio de manera ilegal y que la responsabilidad de los militares se debe aclarar, además de exigir la investigación adecuada sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de los chicos.
La apelación y la decisión judicial en el caso Las Malvinas
El Tribunal de la Corte Provincial de Guayas había suspendido en dos ocasiones la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por los abogados de los 16 militares procesados. El recurso buscaba revertir la medida dictada por el juez Dennis Ugalde el 31 de diciembre de 2024, que había establecido la prisión preventiva por los cargos de desaparición forzada. Finalmente, en la audiencia del 20 de febrero de 2025, el tribunal rechazó los recursos de apelación y ratificó la medida cautelar.
La resolución del tribunal ha generado reacciones mixtas. Mientras que los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos celebraron la ratificación de la prisión preventiva como un primer paso hacia la justicia, las críticas hacia el sistema judicial por la prolongación del proceso y la falta de claridad en el caso continúan creciendo.
El debate sobre la responsabilidad estatal y la transparencia
El caso Las Malvinas ha abierto un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado. Organizaciones alegan que hubo situaciones de abuso de poder y sobre la transparencia en los procedimientos judiciales. Los defensores de derechos humanos exigen que se siga una investigación imparcial y que a los responsables los lleven ante la justicia.
La postura de los militares y sus defensores
Por otro lado, los abogados de los 16 militares procesados argumentan que no hubo intenciones maliciosas en la detención. Además, señalan que los jóvenes fueron liberados en un lugar cercano a Taura. Según su versión, la muerte de los menores sería un hecho vinculado a conflictos con grupos criminales en la zona.
El impacto en la comunidad y las posibles repercusiones
El caso ha generado una profunda preocupación en la comunidad local y ha llevado a un llamado generalizado para exigir mayores garantías de justicia, especialmente en situaciones que involucren a miembros de las fuerzas armadas en el caso Las Malvinas.
