Carlos Pólit Faggioni no testificó dentro del juicio que se lleva a cabo en su contra por supuesto lavado de activos, en Estados Unidos.
La defensa del excontralor Carlos Pólit informó este viernes 19 de abril a la jueza Kathleen Williams, que su cliente decidió no testificar.
El juicio contra el excontralor general de Ecuador se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Florida.
A Carlos Pólit Faggioni lo acusan de seis cargos penales. Todas las penas sumadas podrían alcanzan los 100 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable,.
Howard Srebnick, uno de los abogados del excontralor, dijo a la magistrada que Pólit decidió acogerse a la Quinta Enmienda de la Constitución del país norteamericano.
Con esta enmienda se garantiza que no se puede obligar a ningún acusado a declarar contra sí mismo.
Srebnick también solicitó que el jurado que considere que la decisión de Pólit no sea tomada como prueba en su contra. A decir del abogado, guardar silencio no significa que su cliente haya admitido su culpabilidad.
En el diálogo, la jueza Williams afirmó que dar testimonio es un derecho del acusado.
Si Pólit hubiera aceptado dar su declaración, habría tenido que responder, bajo juramento, las preguntas tanto de los fiscales que lo acusan como de los abogados que lo defienden.
Mentir en una declaración judicial es un delito grave en Estados Unidos.
Carlos Pólit reside en Miami
El excontralor es procesado por su supuesta participación en una trama para usar el sistema financiero de EE.UU. para lavar dinero y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador.
Según la justicia de ese país, Pólit conspiró con otras personas para «ilícitamente enriquecerse con el lavado de sobornos».
Dichos montos los recibió como parte de varios sobornos y los reubicó en cuentas bancarias en el sur de Florida.
Otra parte del dinero lo invirtió en la compra de bienes raíces y otros activos.
En Ecuador, a Pólit lo juzgaron y condenaron en ausencia a seis años de cárcel por el delito de concusión en la trama de sobornos de Odebrecht. Dicho juicio ocurrió en 2018.
La justicia ecuatoriana le impuso seis años de cárcel y la entrega de 40,4 millones de dólares como reparación al Estado.
