El proceso de adquisición de equipamiento para el Centro Forense de Portoviejo, con un avance del 95% y programado para inaugurarse en octubre de 2025, fue cancelado el 24 de abril de 2025 por “violación sustancial de un procedimiento precontractual”, según el portal de Compras Públicas. Activistas cívicos de Portoviejo, Manabí, demandan que el centro, construido por la empresa Cobexfa, opere inmediatamente para fortalecer la justicia ante el aumento de muertes violentas en la región.

Un proyecto clave para la justicia, en Portoviejo

El Centro Forense de Portoviejo, ubicado en la vía Portoviejo-Manta, está en la fase final de construcción con un 95% de avance, según el Municipio de Portoviejo. La obra, a cargo de la empresa Cobexfa, comenzó en agosto de 2024 con un plazo inicial de 120 días, pero ha requerido ampliaciones. La infraestructura, que incluye nueve cámaras frigoríficas con capacidad para 18 cuerpos, está diseñada para realizar autopsias, análisis toxicológicos y pruebas forenses esenciales. Su inauguración está programada para octubre de 2025, pero la reciente cancelación del proceso de equipamiento genera incertidumbre.

El portal de Compras Públicas registra que el proceso de adquisición, con un presupuesto referencial de USD 98.330 para cámaras frigoríficas, mobiliario y dispositivos especializados, fue cancelado el 24 de abril de 2025 debido a una “violación sustancial de un procedimiento precontractual”. La adjudicación estaba prevista para el 22 de mayo de 2025, pero ahora deberá reiniciarse, retrasando la operatividad del centro.

Activistas cívicos, como Jorge Zambrano, expresan preocupación porque esta obra no repita el destino del helipuerto de la Policía Nacional, finalizado hace un año pero sin uso por decisiones administrativas pendientes. “El Centro Forense debe cumplir todos los parámetros técnicos para operar de inmediato. Es crucial para resolver casos de violencia en un contexto de aumento de muertes violentas”, afirmó Zambrano.

Responsabilidad municipal y presión ciudadana

Héctor Farfán, integrante del Frente Cívico de Manabí, subraya que la responsabilidad del municipio no termina con la construcción. “La municipalidad debe garantizar la operatividad y presionar a la Fiscalía para que el centro funcione”, señaló Farfán. Advirtió que, sin un seguimiento adecuado, el proyecto podría convertirse en un “elefante blanco”, como el helipuerto, que sigue inactivo pese a su finalización.

El municipio ha invertido en una vía de ingreso con asfalto y bordillos, y planea entregar la obra en dos etapas: primero la infraestructura y luego el equipamiento. Sin embargo, la cancelación del proceso de adquisición pone en riesgo esta planificación. Farfán insistió en la necesidad de coordinación con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para evitar demoras post-inauguración.

Contexto de violencia y necesidad forense en Portoviejo

Manabí enfrenta un aumento significativo de muertes violentas, lo que resalta la urgencia de contar con un centro forense operativo. Según el Frente Cívico, un centro funcional aliviaría la carga del sistema judicial al agilizar investigaciones criminales mediante autopsias y análisis científicos. En 2024, la provincia reportó un incremento de homicidios, con 177 muertes violentas en el municipio de Durán en los primeros cuatro meses, un 300% más que en 2023, según datos oficiales.

El Centro Forense sería un recurso clave para esclarecer crímenes, especialmente en un contexto donde grupos criminales como Los Lobos operan en la región. Sin embargo, el precedente del helipuerto genera escepticismo. Construido para la Policía Nacional, este proyecto permanece inactivo por falta de decisiones administrativas, lo que alimenta las demandas ciudadanas por una gestión más efectiva.

Demanda cívica por funcionalidad

Orlando Ponce, presidente de la Junta Cívica del Pueblo de Portoviejo, destacó que el Centro Forense fue una demanda ciudadana impulsada ante el alcalde Javier Pincay. “Hemos luchado por obras que luego quedan abandonadas. Si el Centro Forense no funciona, habrá acción popular”, afirmó. Ponce comparó el proyecto con el helipuerto, cuya inactividad atribuye a decisiones políticas pendientes.

La infraestructura del centro, diseñada para ser un referente en Manabí, incluye tecnología avanzada para análisis forenses. Las nueve cámaras frigoríficas permitirán conservar hasta 18 cuerpos, facilitando investigaciones en una región donde los delitos violentos han aumentado. La ciudadanía exige que el municipio y la Fiscalía garanticen su operatividad inmediata tras la inauguración.

Compromiso municipal y retos pendientes

El alcalde Javier Pincay ha reiterado su compromiso con el proyecto, asegurando que, tras la entrega de la infraestructura, se gestionará el equipamiento necesario. El municipio planea solicitar al Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que el centro inicie operaciones de inmediato. Sin embargo, la cancelación del proceso de adquisición, reportada en el portal de Compras Públicas, plantea un desafío logístico.

La ciudadanía, representada por organizaciones como la Junta Cívica, está preparada para ejercer presión si no se garantiza la funcionalidad del centro. “No queremos otra obra abandonada. El municipio y la Fiscalía deben coordinar para que el Centro Forense cumpla su propósito”, afirmó Ponce.

Perspectivas y desafíos regionales

El aumento de la violencia en Manabí, agravado por la presencia de grupos criminales, subraya la importancia del Centro Forense. La región, estratégica por su ubicación entre productores de cocaína como Colombia y Perú, enfrenta un auge del crimen organizado, incluyendo extorsión y narcotráfico. Un centro forense operativo fortalecería la capacidad investigativa, pero su éxito depende de superar las fallas administrativas que han afectado proyectos previos, como el helipuerto.

La Política Nacional de Seguridad, impulsada por el presidente Daniel Noboa, incluye medidas para combatir el crimen organizado, pero los activistas locales insisten en que la infraestructura forense es esencial para complementar estas acciones. La coordinación entre el municipio, la Fiscalía y el Servicio Nacional de Medicina Legal será crucial para evitar que el Centro Forense de Portoviejo se convierta en otro proyecto inacabado.