Este 29 de julio, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, examinó una solicitud de juicio político contra Gonzalo Albán, consejero del CPCCS. La moción, presentada por el asambleísta Keevin Gallardo, alega que Albán incumplió el artículo 21, numeral 8, de la Ley del CPCCS. Este prohíbe a los consejeros mantener afiliación política en los cinco años previos a su cargo. La sesión 013 del CAL abordó el caso con siete votos a favor.
La Unidad Técnica Legislativa (UTL) recibió la instrucción de emitir un informe en tres días sobre el cumplimiento de requisitos para el enjuiciamiento. Este análisis se basa en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). “La UTL verificará si la solicitud cumple con los requisitos legales”, afirmó un portavoz del CAL. El proceso busca garantizar transparencia en la fiscalización.
El CAL también calificó a trámite varias reformas legislativas. Una propuesta para modificar la LOFL y el COIP se asignó a la Comisión de Justicia. Además, un proyecto sobre turismo cultural irá a la Comisión de Desarrollo Económico. “La educación financiera debe integrarse al sistema educativo”, señaló la asambleísta Carmen Tiupul sobre otro proyecto.
La Asamblea Nacional exige la renuncia de un asambleísta por ética y dignidad institucional
CAL y la fiscalización del CPCCS
La solicitud contra Albán pasará a la Comisión de Justicia para su análisis. El CAL unificó un proyecto de reforma a la Ley de Transporte Terrestre. Esta iniciativa, presentada por Tiupul, se tramitará en la Comisión de Desarrollo Económico. El proceso busca optimizar la revisión legislativa.
La acusación contra Albán se centra en su presunta afiliación política previa. La Ley del CPCCS exige neutralidad para garantizar imparcialidad en el cargo. La UTL evaluará pruebas presentadas por Gallardo. El CAL prioriza la legalidad en sus decisiones.
Procesos legislativos en curso
La Comisión de Educación revisará la inclusión de educación financiera en el currículo. El CAL coordina con comisiones para agilizar reformas. Los legisladores buscan fortalecer la transparencia institucional. El caso de Albán espera resolución en los próximos días.
