Brasil desplegó 1.400 agentes en ocho estados para ejecutar el mayor operativo contra el crimen organizado, dirigido al PCC y su multimillonario esquema de combustibles. Las acciones se desarrollaron contra una red criminal liderada por el Primer Comando de la Capital (PCC) que adulteraba combustibles y lavaba dinero a través de fondos de inversión y estaciones de servicio.
Un operativo histórico contra el PCC
Al amanecer del jueves, en São Paulo, Paraná y otros seis estados, policías federales y estaduales irrumpieron en estaciones de servicio, plantas de etanol y oficinas financieras. El estruendo de las sirenas marcó el inicio de lo que las autoridades describen como el mayor golpe al crimen organizado en la historia de Brasil.
La megaoperación Hidden Carbon es el resultado de años de investigación sobre un entramado criminal que movía miles de millones en el sector de combustibles. El esquema implicaba la importación ilegal de metanol, su desvío hacia estaciones de servicio y la adulteración del producto para estafar a los consumidores.
De acuerdo con la Fiscalía de São Paulo, el PCC utilizaba empresas fantasma, fondos de inversión y distribuidores para ocultar activos y expandir su red. “Una parte significativa del dinero ilícito se destinó a la compra de plantas de etanol y a la adquisición de estaciones de servicio”, explicaron los fiscales.
El tamaño del fraude en Brasil
Las autoridades de Brasil estiman que el grupo evadió más de 7,6 mil millones de reales en impuestos, lo que equivale a unos 1.400 millones de dólares. Además, identificaron 40 fondos de inversión con activos de 30 mil millones de reales (unos 5.500 millones de dólares) controlados por el PCC, con propiedades que incluían terminales portuarias y hasta 1.000 estaciones de servicio.
El ministro de Finanzas Fernando Haddad aseguró que “se necesitó un esfuerzo nacional para llegar al corazón del problema y poder enfrentarlo”. Mientras tanto, el ministro de Justicia Ricardo Lewandowski calificó la operación como “una de las mayores contra el crimen organizado en la historia del país”.
La magnitud del fraude afectó a más de 2.500 estaciones de servicio en São Paulo, equivalentes al 30% del total en el estado. Los consumidores recibieron menos combustible del marcado en las bombas o productos alterados químicamente que no cumplían con los estándares de la Agencia Nacional del Petróleo.
La respuesta política y el mensaje de Lula
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó en la red social X. “Esta fue la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta ahora”, afirmó. Y agregó: “Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y consumidores; cortar el flujo de dinero ilícito, recuperar recursos para las arcas públicas y asegurar un mercado de combustibles justo y transparente, con calidad y competencia leal”.
Su declaración buscó reforzar la idea de que el operativo no solo fue un golpe policial, sino también una acción estratégica para recuperar la confianza en el sistema económico.
El poder del PCC en Brasil
El Primer Comando de la Capital (PCC) nació en 1993 en una cárcel de São Paulo, Brasil. Se creó como respuesta a las condiciones inhumanas del sistema penitenciario. Con el tiempo, extendió su influencia a toda Sudamérica.
Aunque su estatuto habla de “libertad, justicia y paz”, en la práctica el grupo se consolidó a través de la violencia. Su base es el narcotráfico y el control territorial. Las cárceles se convirtieron en centros de mando desde donde sus líderes dictaban órdenes.
Hoy, el PCC maneja un imperio criminal que alcanza desde la frontera con Paraguay hasta el interior de Brasil. La adulteración de combustibles y el manejo de fondos de inversión mostraron una faceta distinta: la del crimen organizado infiltrado en la economía formal.
Incautaciones millonarias en ocho estados
En total, las autoridades de Brasil incautaron activos por 1.200 millones de reales (unos 220 millones de dólares). Además, ejecutaron 14 órdenes de registro, 14 arrestos preventivos y detuvieron a cinco personas.
Los fiscales advirtieron que la investigación está bajo secreto judicial, por lo que aún no se revelan nombres de empresas ni individuos. Sin embargo, aseguraron que la red criminal afectó de manera directa al sistema económico del país, causando pérdidas fiscales y medioambientales.
Los próximos meses estarán marcados por juicios y procesos contra más de 350 objetivos. Entre ellas hay personas físicas y jurídicas, acusadas de adulteración de combustible, fraude fiscal, lavado de dinero y delitos ambientales.
