La divulgación de chats y audios en el caso Liga2, investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunta asociación ilícita, ha desatado una ola de cuestionamientos, reproches y contradicciones entre los implicados. La excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, acusó al exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, de grabar conversaciones “maquiavélicamente”. Mientras él asegura que los audios fueron obtenidos ilegalmente y manipulados.
La controversia, que incluye figuras como Ana María Raffo y Ana Belén Yela, se ha intensificado cada vez más. El caso Liga2, que investiga a Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz por presunta asociación ilícita, se basa en gran parte en conversaciones extraídas de dos celulares y un disco duro incautados durante un allanamiento al CPCCS el 24 de enero de 2025. Los audios, publicados por la FGE, han generado tensiones dentro de la RC, con acusaciones cruzadas sobre su origen y autenticidad.
González, en una entrevista en el programa Primera Plana, calificó la acción de grabar conversaciones como una falta de lealtad y principios, pero también cuestionó la validez de los audios, sugiriendo que fueron “cortados a conveniencia” para generar conclusiones erróneas.
Augusto Verduga niega las grabaciones
Por su parte, Verduga, a través de su cuenta en X, negó haber grabado u ordenado grabar las conversaciones, asegurando que no vulneró la privacidad de nadie. “Hay chats y audios sustraídos de forma ilegal. Algunas conversaciones son parcialmente reales, pero totalmente descontextualizadas, otras abiertamente manipuladas de forma selectiva”, escribió, calificando el caso como un montaje político en tiempos electorales para fracturar a la RC.
Verduga expresó su dolor por la falta de respaldo de quienes consideraba compañeros en la lucha por un Ecuador más justo. También señaló que durante el allanamiento se confiscó un disco duro que no le pertenece y que de ahí extrajeron los audios y que no es de su propiedad. Además, que la extracción de la información se realizó sin la presencia de los abogados defensores.
Reacciones y querellas
La controversia escaló con la intervención de otras figuras políticas. Abraham Verduga, hermano de Augusto, criticó a González por sumarse al “linchamiento mediático” contra el exconsejero, cuestionando que dé credibilidad a audios obtenidos ilegalmente y manipulados. En un mensaje en X el 28 de abril del 2025, Abraham pidió a González mostrar “grandeza” y reconocer su error cuando “la verdad salga a la luz”.
Otro punto de fricción involucra a la legisladora reelecta Ana María Raffo, quien presentó una querella por calumnia contra la asambleísta electa Ana Belén Yela. En los audios, Yela, hija de la exministra María de los Ángeles Duarte, habría acusado a Raffo de cobrar “diezmos” a sus asesores. Raffo negó las acusaciones y afirmó en X que defenderá su honra ante la justicia. González respaldó a Raffo, aclarando que Yela no es militante de base de la RC y que el movimiento nunca ha estado involucrado en prácticas de diezmos.
Contexto del caso Liga2
El caso Liga2 surgió tras la denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero, por la designación irregular de Raúl González. Esto se dio el 22 de enero de 2025, pese a una anulación judicial previa. La FGE allanó las oficinas del CPCCS, incautando dispositivos de Verduga que revelaron chats y audios sobre estrategias para influir en la designación de autoridades. Incluyendo la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Contencioso Electoral.
Los procesados, identificados como parte de la “Liga Azul” afín al correísmo, enfrentan cargos por asociación ilícita. Incluso con medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. La Fiscalía sostiene que los implicados buscaban controlar instituciones clave del Estado, utilizando seudónimos como “MónicaErtl” (Verduga), “Minerva” (Saltos) y “El Justiciero” (Franco Loor).
Los chats también mencionan a figuras como Andrés Arauz y Viviana Veloz, evidenciando coordinaciones políticas. Sin embargo, las defensas de los procesados alegan irregularidades en la obtención de las pruebas, cuestionando la cadena de custodia y la integridad de los audios.
Impacto político y social
La viralización de los audios en redes sociales ha amplificado el debate público, especialmente por las acusaciones de manipulación y el contexto electoral. La RC enfrenta tensiones internas, mientras la FGE continúa la instrucción fiscal, que incluye el análisis de 363 archivos de audio periciados. El caso ha generado reacciones en la Asamblea Nacional, donde legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) han respaldado las denuncias contra los exconsejeros. Ellos han alegado intentos de controlar el sistema financiero y judicial.
