El expresidente Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras políticas más influyentes de Colombia, está en el centro de un proceso judicial que captura la atención nacional.
La Fiscalía colombiana, liderada por el fiscal Gilberto Villarreal, lo acusa de ser el determinador de tres delitos de soborno en actuación penal y dos de fraude procesal.
El caso, que comenzó formalmente en mayo de 2024, se deriva de supuestos intentos de Uribe por manipular testimonios de exparamilitares, especialmente de Juan Guillermo Monsalve, para desacreditar al senador Iván Cepeda, un adversario político.
Uribe defiende su inocencia
La audiencia clave tuvo lugar el 10 de febrero de 2025 en el Tribunal Superior de Bogotá, donde Uribe defendió su inocencia. “No soborné ni mandé a sobornar testigos”; mencionó. En este juicio probaremos que su origen ha sido un proceso político, afirmó Uribe.
El caso ha generado un intenso debate en Colombia, un país polarizado por el legado de Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010.
Testigos clave en el proceso
Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado por secuestro extorsivo, es el testigo principal. Él asegura que conoció a Uribe en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente, donde, según su testimonio, se creó un grupo paramilitar en los 1990.
Monsalve afirmó el 27 de febrero de 2025 que el abogado Diego Cadena, presuntamente bajo órdenes de Uribe, lo presionó en 2018 en la cárcel de La Picota para retractarse de sus acusaciones contra Uribe y su hermano Santiago Uribe.
Monsalve detalló que Cadena le ofreció beneficios judiciales y mejoras en sus condiciones carcelarias. También mencionó una carta enviada a la Corte Suprema, pidiendo perdón por declarar contra Uribe, pero aclaró que la escribió bajo presión de Cadena y Enrique Pardo Hasche, conocido como “El Gringo”.
Otro testigo, Carlos Enrique Vélez Ramírez, exparamilitar, declaró que Uribe, a través de Cadena, le ofreció dinero para mentir ante la Corte Suprema. Según la Fiscalía, el objetivo era desmentir acusaciones de Pablo Hernán Sierra sobre nexos de Uribe con el paramilitarismo y afirmar que Cepeda lo había manipulado.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que Uribe orquestó un esquema para manipular testigos. Presentó interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena, validadas por el Tribunal Superior de Bogotá en febrero de 2025, como prueba de las supuestas maniobras.
Según el fiscal Villarreal, Uribe contactó a exparamilitares como Monsalve, Vélez y Eurídice Cortés para ofrecerles beneficios a cambio de cambiar sus testimonios.
El ente acusador argumenta que estas acciones buscaban desacreditar a Cepeda, quien investigaba presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
La Fiscalía señala que Uribe actuó con la intención de obstruir la justicia, configurando los delitos de soborno y fraude procesal.
Las acusaciones se remontan a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema archivó esa denuncia y, en 2018, abrió una investigación contra Uribe por los mismos hechos que ahora lo llevan a juicio.
La defensa de Uribe
Uribe niega categóricamente las acusaciones. Insiste en que nunca ordenó sobornar testigos ni engañar a la justicia. Según él, solo pidió verificar información sobre maniobras de Cepeda para obtener testimonios en su contra. “No conozco a Juan Guillermo Monsalve”, afirmó Uribe en una audiencia, contradiciendo el testimonio del exparamilitar.
La defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, sostiene que el proceso es una persecución política. Uribe ha cuestionado la imparcialidad de la fiscal general Luz Adriana Camargo, señalando supuestos vínculos con el ministro de Defensa Iván Velásquez, a quien acusa de tener animadversión contra él y su familia.
Testigos como Óscar Monsalve, padre de Juan Guillermo, y un exparamilitar entrevistado en abril de 2025 apoyan la narrativa de la defensa. Ellos sugieren que Cepeda ofreció beneficios a convictos para declarar contra Uribe, lo que refuerza la tesis de una supuesta manipulación por parte del senador.
Colombia polarizada
El proceso contra Uribe se desarrolla en un contexto de alta polarización en Colombia. Su presidencia marcó un hito en la lucha contra las guerrillas, pero también generó controversias por presuntos nexos con paramilitares. El caso actual, que involucra a figuras como Cepeda, un defensor de derechos humanos, reaviva el debate sobre el pasado político del país.
El juicio, que no tiene precedentes en Colombia por involucrar a un expresidente, podría prolongarse durante meses. Las audiencias continúan en Bogotá, con el país expectante ante un posible fallo que podría tener un impacto político y social significativo.
Voces adicionales en el proceso
Mercedes Arroyave Ardila, conocida como la “testigo perdida”, acompañó a Cepeda en visitas a cárceles para hablar con convictos como Monsalve. Su testimonio es clave para determinar si Cepeda manipuló testigos, como alega la defensa.
Por otro lado, el exguerrillero Mario Humberto Jiménez y otros testigos han sugerido que Monsalve buscó retractarse sin intervención de sobornos, lo que complica el panorama probatorio. Estas declaraciones son objeto de intenso escrutinio en el juicio.
El caso contra Álvaro Uribe representa un capítulo crucial en la historia judicial de Colombia. Con testigos contradictorios, el proceso mantiene al país en vilo. El desenlace podría redefinir el legado de Uribe y el futuro del sistema judicial colombiano.
