La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional de Ecuador, liderada por Valentina Centeno, modificó el proyecto de ley para Combatir las Economías Criminales enviado por el presidente Daniel Noboa. El documento, ahora denominado «Ley de Solidaridad Nacional», busca fortalecer a las fuerzas del orden. Estas modificaciones, concretadas el 28 de mayo de 2025, buscan el respaldo de las bancadas aliadas, como el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik, de cara al primer debate en el Pleno.

Economías Criminales: informe primer debate

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, bajo la dirección de Valentina Centeno, ha presentado un informe para primer debate con ajustes significativos a la propuesta original del presidente Daniel Noboa. La iniciativa, inicialmente denominada «Ley para Combatir las Economías Criminales», ha sido renombrada como «Ley de Solidaridad Nacional», reflejando un enfoque más amplio y consensuado. Estos cambios han generado una respuesta positiva entre los aliados de la bancada oficialista ADN, quienes consideran que se han recogido gran parte de sus observaciones y se han despejado temores iniciales.

La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul, destacó la eliminación de un artículo que generaba preocupación. Este artículo, que no especificaba claramente la situación de la protesta social en el contexto del conflicto armado interno, podría haberse utilizado para criminalizar a dirigentes sociales. Esta supresión fue bien recibida por la facción de Pachakutik que se ha alineado con el gobierno. Asimismo, esta misma facción celebró la modulación o eliminación de ciertas atribuciones que el presidente Noboa otorgaba directamente al Bloque de Seguridad en su propuesta original.

El asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera, también expresó su satisfacción con los avances. Reconoció que el proyecto elaborado por la Asamblea difiere sustancialmente del enviado por el Ejecutivo. «Todavía hay que hilar fino para segundo debate, pero creo que ha mejorado bastante la redacción con relación a cómo vino. Pero aún hay puntitos que se deben solucionar», afirmó Vera. Su declaración subraya el proceso de mejora continua que se busca en la legislación.

Cambios destacados en la propuesta

El proyecto de ley original enviado por el presidente Daniel Noboa constaba de 32 artículos, mientras que el informe para primer debate presentado por la Comisión de Desarrollo Económico se ha reducido a 14 artículos. En contraste, el número de disposiciones generales, reformatorias y transitorias ha aumentado, lo que indica una reestructuración profunda del documento. Estas modificaciones buscan una mayor claridad y adaptabilidad en la aplicación de la ley.

Una de las diferencias más notables radica en el objetivo de la ley. La propuesta de Noboa buscaba establecer medidas financieras, tributarias y de seguridad para la desarticulación de las economías criminales vinculadas al conflicto armado interno. Sin embargo, el informe de la Comisión de Desarrollo Económico ha redefinido este propósito. Ahora, el objetivo es establecer un marco jurídico nacional aplicable para el fortalecimiento de las fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía) en el marco del conflicto armado interno.

Modificaciones en materia penal

El apartado penal de la propuesta original del presidente Noboa fue el más controvertido, ya que incluía reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que, según legisladores y juristas, podrían resultar inconstitucionales. Tras analizar los aportes de 23 personas que participaron en la Comisión de Desarrollo Económico, se realizaron modificaciones sustanciales al texto original. Estas revisiones buscan garantizar la legalidad y la constitucionalidad de las disposiciones.

En cuanto a los indultos, el texto inicial de Noboa permitía al presidente anticipar indultos a procesados por hechos relacionados con el conflicto armado, incluso si la causa estaba en investigación, instrucción o juicio, sin requerir sentencia condenatoria ejecutoriada. La comisión propuso que el indulto se pueda conceder una vez concluido el tiempo legal de la fase pre-procesal de investigación previa o en instrucción fiscal, etapa intermedia, juzgamiento o impugnación, sin requerirse sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta modificación busca un proceso más estructurado.

Respecto a la pertenencia a grupos delictivos, el proyecto de Noboa sancionaba con cárcel de 22 a 26 años a quienes participaran directa o indirectamente en grupos armados identificados por el Estado, y de 26 a 30 años para quienes ejercieran un rol de dirección, organización, planificación o financiamiento. La Comisión de Desarrollo Económico, sin embargo, incluyó una disposición para sancionar con prisión de 20 a 26 años a las personas que, sin formar parte del grupo armado, colaboren de forma permanente o esporádica con su operación, incluso con actos secundarios.

Procedimientos y medidas cautelares

Las disposiciones sobre allanamientos también fueron objeto de revisión. El documento de Presidencia señalaba que estos podrían ejecutarse en cualquier lugar donde un Grupo Armado Organizado desarrollara sus actividades sin necesidad de orden judicial, por disposición del Bloque de Seguridad. Además, el allanamiento debía ser avalado posteriormente por un juez especializado en conflicto armado interno, figura que ha sido eliminada del proyecto. La Asamblea propone que los allanamientos se realicen previo informe de inteligencia emitido por el Centro de Inteligencia Estratégica, y estarán sujetos a control posterior del juez de Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado.

En cuanto a las aprehensiones por detenciones, el documento enviado por Noboa permitía al Bloque de Seguridad ejecutar detenciones por hasta 24 horas a personas vinculadas al crimen organizado para investigación. La Asamblea cambió la palabra «detención» por «aprehensión», la cual se podrá extender hasta por 48 horas para la investigación, dando un margen más amplio a la labor investigativa.

Prisión preventiva

Respecto a la prisión preventiva, el presidente Noboa planteaba que esta fuese la medida cautelar única, útil y eficaz para asegurar la comparecencia del procesado al proceso y el cumplimiento de la pena. Los legisladores respaldan la medida cautelar, pero enfatizan que no debe ser la regla general, manteniendo el principio de subsidiariedad de la prisión preventiva.

Finalmente, en lo que respecta al juzgamiento y sanción, la propuesta del Ejecutivo planteaba un trámite expedito, con la audiencia de juicio en no más de 15 días. Los legisladores, basándose en la sugerencia de abogados penalistas, plantean que la audiencia de juzgamiento a sospechosos de participar en el crimen organizado sea en 90 días, otorgando un tiempo más razonable para la preparación de la defensa.

La norma también incluyó una reforma de tipo tributaria para otorgar una rebaja del Impuesto a la Renta (IR), con un límite del 30% del impuesto causado, para las donaciones a favor de la fuerza pública. Estas donaciones pueden ser en equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana. La Asamblea ha incluido además los bienes inmuebles dentro de esta disposición. El primer debate se desarrollará el viernes 30 de mayo a las 09:00, esperando contar con el respaldo de las bancadas aliadas.