La necesidad de una mayoría legislativa en la próxima Asamblea Nacional se erige como un factor crucial para la posible instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Esta medida busca fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, un flagelo que azota al país con creciente violencia. A seis meses de su presentación, la reforma al artículo 5 de la Constitución, que eliminaría el impedimento constitucional para la presencia de fuerzas militares foráneas, ha recibido un informe favorable para segundo debate. Sin embargo, el pleno de la Asamblea Nacional no abordará este documento sino hasta el 29 de mayo, fecha en la que la nueva legislatura habrá asumido sus funciones.

La Comisión Ocasional encargada del análisis de esta trascendental reforma constitucional emitió su informe con cuatro votos a favor y dos en contra. Los asambleístas Rafael Dávila (Avanza), Jorge Peñafiel (Construye), Sofía Sánchez (PSC) y Nataly Morillo (ADN) respaldaron la propuesta, mientras que Gisella Garzón (RC) y César Ugsha (UP-PSE) se opusieron. La ausencia de Mariana Yumbay (Pachakutik) también marcó la votación. El informe resultante subraya que «la reforma planteada se rige a la estructura constitucional vigente y preserva la capacidad legal de la Asamblea Nacional para aprobar o improbar tratados internacionales».

Informe favorable sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador

El documento también destaca que «el soberano se pronuncia de manera mayoritaria para la implementación en la normativa del país». Además, señala que «los aportes presentados sirven de insumo para ilustrar a los asambleístas en el segundo debate en el pleno de la Asamblea Nacional«, recomendando «se proceda con el trámite correspondiente». Este paso administrativo allana el camino para que la nueva Asamblea Nacional tome una decisión definitiva sobre la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador como estrategia contra el crimen organizado transnacional.

El informe no escatima en describir que «el crimen organizado transnacional ha devastado a Ecuador mediante diversas actividades ilícitas e infiltración en estructuras estatales». Esta situación ha provocado un «aumento alarmante de la violencia», donde «aproximadamente el 90 % de los homicidios están vinculados directamente al narcotráfico«. Ante esta realidad, el informe considera «imperativo el establecimiento de bases militares extranjeras para contrarrestar eficazmente estas amenazas».

Necesidad de cooperación internacional y tecnología avanzada

La justificación principal para esta medida radica en que «los sofisticados sistemas operativos de estas organizaciones criminales superan ampliamente las capacidades técnicas nacionales actuales». Por consiguiente, la presencia de bases militares extranjeras aportaría «tecnología avanzada e inteligencia compartida que Ecuador no puede desarrollar a corto plazo». Este apoyo externo, según el informe, «garantizará la recuperación efectiva de la soberanía territorial y la protección integral de la población frente al crimen organizado».

El análisis presentado en el informe extiende la problemática a nivel regional, señalando que «el crimen organizado transnacional constituye una amenaza multidimensional en toda Latinoamérica«. Se menciona la «evidencia que demuestra su infiltración en estructuras gubernamentales de países como Venezuela con el cartel de los Soles», mientras que en Ecuador operan carteles mexicanos, colombianos y albaneses con «posibles nexos a un cierto sector político». Fenómenos similares se observan en «Colombia, Nicaragua y Bolivia», lo que subraya la naturaleza transfronteriza de esta amenaza.

Respuesta necesaria bajo el paradigma de seguridad cooperativa

El informe explica que «estas organizaciones aprovechan las asimetrías normativas mediante sofisticadas redes logísticas transfronterizas y sistemas de inteligencia criminal que superan las capacidades estatales». En este contexto, «el establecimiento de bases militares extranjeras representa una respuesta necesaria bajo el paradigma de seguridad cooperativa». Esta cooperación permitiría «contrarrestar eficazmente estas amenazas mediante tecnología avanzada y cooperación internacional», elementos cruciales en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Según lo aprobado en el informe, «la reforma al artículo 5 permitiría al Ecuador establecer acuerdos bilaterales con países aliados que poseen tecnología avanzada, sistemas de inteligencia de última generación y recursos logísticos que actualmente no están disponibles para las fuerzas nacionales». Esta capacidad de establecer alianzas estratégicas se considera fundamental para enfrentar la creciente sofisticación del crimen organizado transnacional que opera en el país.

Beneficios potenciales de la presencia militar extranjera

La «instalación de bases militares extranjeras, bajo estrictos controles democráticos y jurídicos, garantizaría que estas colaboraciones se alineen con los intereses nacionales«. De esta manera, Ecuador podría «enfrentar amenazas transnacionales con mayor eficacia y resiliencia». Además, «la cooperación internacional podría incluir programas de capacitación y transferencia tecnológica, fortaleciendo la institucionalidad en áreas críticas como la seguridad y la justicia«. Esta perspectiva de fortalecimiento institucional es un argumento clave a favor de la reforma.

La presencia de bases militares extranjeras también podría ser «utilizada como un punto de coordinación para esfuerzos multilaterales, posicionando al Ecuador como un actor clave en la seguridad regional». Este enfoque no solo beneficiaría la «estabilidad interna», sino que también «mejoraría la imagen internacional del país como un socio confiable en la lucha contra las amenazas transnacionales, atrayendo inversiones y fortaleciendo su posición geopolítica en la región». La lucha contra el crimen organizado transnacional se presenta así como una oportunidad para fortalecer la posición internacional de Ecuador.

Reforma constitucional y reacciones políticas

El informe concluye que «la conveniencia de esta reforma radica en la necesidad de adaptarse a una realidad donde el crimen organizado opera con lógicas transnacionales que requieren acciones coordinadas y efectivas». Con la reforma al artículo 5 de la Constitución, «El Ecuador es un territorio de paz». Todo lo demás que contempla el actual texto será eliminado, abriendo la puerta a los acuerdos bilaterales en materia de defensa y seguridad.

El vicepresidente de la mesa ocasional, Rafael Dávila (Avanza), expresó que «con el informe aprobado se permite levantar la prohibición constitucional para el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador«. Asimismo, señaló que era «previsible que los delegados de la Revolución Ciudadana (RC) y sus aliados no consignarían el voto a favor». Dávila enfatizó que «una vez aprobado el informe en la comisión ocasional se debe esperar el plazo constitucional previsto para este tipo de trámite, es decir, que transcurran al menos 90 días entre el primero y segundo debate». Por esta razón, será la nueva Asamblea quien tome la decisión final sobre la presencia de bases militares extranjeras a partir del 29 de mayo.

Posturas a favor y en contra de la reforma

Dávila añadió que «los cuatro legisladores se pusieron del lado de la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia transnacional y contra el narcotráfico». En su opinión, «en el informe está absolutamente claro que la norma constitucional, para la implantación en el futuro de bases militares extranjeras, está lejos de ceder soberanía, lo que hace es ejercer soberanía». Argumentó que «de manera libre, autónoma, independiente, el país tomará la decisión de permitir que se implanten estas bases militares«.

Por otro lado, la presidenta de la Comisión Ocasional, Gisella Garzón (RC), «rechazó las versiones del oficialismo de que se retrasó el trámite de la reforma». Afirmó que «a la Revolución Ciudadana le gusta hacer las cosas con excelencia y eso es lo que ocurrió». Garzón sostuvo que «la comisión que presidió no solo cumplió con los tiempos, sino que ha cumplido con lo que establecen la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución«, y que este tratamiento se realizó de manera transparente para la ciudadanía.

Debate sobre soberanía y experiencias pasadas

Garzón afirmó que ella y su bancada están en contra de la eliminación de la «prohibición del tema bases militares extranjeras, porque no es una cosa menor». Justificó su voto en contra del informe por «un tema de soberanía», argumentando que «pretendieron reducir el concepto de soberanía a los límites territoriales».

La legisladora Sofía Sánchez (PSC) destacó que el informe incluye «recomendaciones de lo que no se tiene que repetir y que sucedió ya cuando estuvo aquí instalada una base militar de Manta«. Mencionó problemas como «personas que tuvieron problemas de pensión de alimentos» y la falta de respuesta ante «ciertos abusos o beneficios que existían». Sánchez advirtió que «la reforma es tan amplia que dependerá del Gobierno que asuma la responsabilidad».

Herramienta adicional y control institucional

Sánchez aclaró que «esta reforma no va a solucionar los problemas de inseguridad que tiene el país«, pero la considera «una herramienta más que la mesa ocasional da a los ecuatorianos para poder ahondar en ese problema tan fuerte como es la delincuencia organizada y el crimen transnacional«. Su postura sugiere una visión pragmática de la reforma como un complemento a otras estrategias de seguridad.

El legislador Jorge Peñafiel (Construye) enfatizó que «el crimen transnacional tiene que ser combatido directamente y de manera firme». Considera que «la herramienta fundamental para combatir el crimen organizado viene de la mano con la cooperación internacional«. Esta cooperación, según Peñafiel, «pasará por un control constitucional y también por un aval político que tendrá que darlo la Asamblea Nacional».

Control constitucional y político de las bases

Peñafiel también explicó que «la instalación de bases militares en el Ecuador es un tratado internacional en el momento en que así se disponga. Por lo tanto, «tendrá control constitucional y tendrá control político». Concluyó que «hablar de que es ceder soberanía es descabellado porque simplemente está siendo controlada por las instituciones del Ecuador«.