El pleno de la Asamblea Nacional se reunirá este lunes 16 de junio a las 17:00 para conocer el informe para primer debate del proyecto de Ley de Integridad Pública. Esta propuesta, enviada con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa el pasado 27 de mayo, busca transformar la gestión pública y fortalecer la lucha contra la corrupción en Ecuador.
La Comisión de Desarrollo Económico tramitó la iniciativa y, con ocho votos, aprobó el informe para el primer debate el 12 de junio. El texto, que inicialmente llevaba otro nombre, ahora se denomina Ley Orgánica de Integridad Pública. El proyecto incluye modificaciones clave respecto a la propuesta original del Ejecutivo, entre ellas el endurecimiento de sanciones y la ampliación de controles en la contratación pública.
Endurecimiento de sanciones para jueces, fiscales y abogados
Entre los cambios más relevantes, el legislador Andrés Castillo propuso el endurecimiento de las sanciones por prevaricato para jueces, fiscales y abogados. En este último caso, se plantea la inhabilidad de por vida para ejercer la profesión de abogado.
El texto también introduce cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Amplía el delito de prevaricato a fiscales y abogados. Este endurecimiento de sanciones responde a la necesidad de combatir la corrupción en todos los niveles del sistema judicial.
Innovación y transparencia en el sector público
Las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) buscan una administración más profesional, transparente y confiable. Se establecen evaluaciones periódicas de desempeño y se incorporan mecanismos como las pólizas de fidelidad y reglas específicas para el teletrabajo. Estas medidas fortalecerán la integridad institucional y garantizarán que el talento humano público actúe con eficiencia, responsabilidad y compromiso ético.
Duración del internamiento para adolescentes infractores
Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia abordan la duración del internamiento preventivo para adolescentes infractores. En los casos de delitos sancionados con penas superiores a diez años, el internamiento podrá durar un año. Cumplido ese plazo, el funcionario responsable liberará al adolescente de inmediato y sin orden judicial previa, garantizando el respeto a los derechos de los menores.
El proyecto también introduce reglas claras para la investigación previa, la instrucción fiscal y las medidas socioeducativas. Protege tanto a las víctimas como a la sociedad y promoviendo el desarrollo de los adolescentes infractores. Así, la Ley de Integridad Pública se convierte en una herramienta integral para mejorar la justicia y la protección social.
Modernización de la contratación pública
La reforma de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública abarca principios, actores, objetivos, financiamiento y alcance del control. Se modifican los requisitos y la obligatoriedad del Registro Único de Proveedores (RUP), se reducen los procedimientos de contratación pública y se actualizan figuras como el catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica, la licitación, la ínfima cuantía y las ferias inclusivas.
Los procedimientos precontractuales, reclamos y contratos iniciados antes de la vigencia de la ley seguirán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su inicio, presentación o suscripción. Esto garantiza seguridad jurídica y una transición ordenada hacia el nuevo marco legal.
La presidenta de la mesa, Valentina Centeno, resaltó que el proyecto fortalece el sistema de contratación pública. Esto mediante controles automatizados y la exigencia de certificación técnica para los operadores. Además, garantiza trazabilidad y transparencia a través de un portal único que puede operar con inteligencia artificial. Este enfoque tecnológico prioriza la participación de la economía popular y solidaria, así como de las micro y pequeñas empresas, asegurando procesos más inclusivos y libres de corrupción.
Asamblea Nacional: alcance de las reformas
El proyecto de Ley de Integridad Pública introduce reformas a múltiples normativas: Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Orgánico Integral Penal (COIP), Código de la Niñez y Adolescencia (CONA), Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, Código Orgánico General de Procesos (Cogep), Código Ingenios, Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
