La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional aprobó este domingo 22 de junio, con ocho votos a favor y dos abstenciones, el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. La propuesta, que busca fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión pública, contempla reformas a 11 leyes clave, incluyendo el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. De ser aprobada, la normativa entrará en vigor tras su publicación en el Registro Oficial.

El proyecto introduce cambios significativos en áreas como la Función Judicial, el sistema financiero y las sanciones a adolescentes infractores. Entre sus disposiciones destaca la posibilidad de declarar emergencias en el ámbito judicial para reasignar recursos, evaluar anticipadamente a jueces y fiscales, y realizar contrataciones urgentes. Además, se propone la creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, un organismo que dirigirá el Banco Central del Ecuador.

Reformas en la función judicial y el sistema financiero

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reestructuración de la Función Judicial. La declaratoria de emergencia permitirá, de manera temporal, la reasignación de recursos presupuestarios para atender crisis en este sector. Asimismo, se contemplan evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales, así como contrataciones excepcionales para garantizar la operatividad del sistema. Estas medidas buscan agilizar procesos judiciales y mejorar la respuesta institucional ante situaciones críticas.

Por otro lado, el informe propone la creación de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, que estará integrada por cinco miembros designados por la Asamblea Nacional, a partir de una lista de candidatos presentada por el Presidente de la República. Este organismo, parte de la Función Ejecutiva, será el máximo ente de gobierno del Banco Central, con el objetivo de fortalecer la regulación del sistema financiero.

Cambios en el Código penal y protección a la niñez

En el ámbito penal, el proyecto reforma el Código Orgánico Integral Penal para establecer que los adolescentes infractores que colaboren con las autoridades recibirán la mitad de la pena, siempre que su cooperación permita procesar a quienes los incitaron a delinquir. Además, durante un conflicto armado interno, se autoriza la expulsión inmediata de extranjeros con sentencias condenatorias ejecutoriadas, según el artículo 61.1.

En relación con el Código de la Niñez y Adolescencia, el artículo 385 detalla medidas socioeducativas para delitos sancionados en el Código Penal. La medida de internamiento institucional se aplicará en casos de delitos con penas de 3 a 5 años (1 a 2 años de internamiento), de 5 a 10 años (3 a 5 años) y superiores a 10 años (12 a 15 años). Para estos últimos casos, no se contemplan otras medidas privativas de libertad, reforzando la protección de los derechos de los menores.

Impacto en múltiples normativas

El proyecto de Ley de Integridad Pública también reformará leyes como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Además, incluye el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Estas modificaciones buscan alinear las normativas con principios de transparencia, eficiencia y lucha contra la corrupción en la administración pública. La aprobación del informe en la Comisión marca un paso clave hacia el debate final en el Pleno de la Asamblea.

La normativa, de ser ratificada, entrará en vigencia tras su promulgación en el Registro Oficial, consolidando un marco legal orientado a la integridad pública. Las autoridades no han emitido declaraciones adicionales sobre el proceso, pero se espera que el segundo debate revele más detalles sobre su implementación.