En Quito, el 28 de junio de 2025, la Comisión del Derecho al Trabajo aprobó un informe para regular pagos a pasantes, cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional que busca garantizar un trabajo justo.

Asamblea aborda mandato constitucional sobre pasantes

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional aprobó, con seis votos afirmativos, el Informe de Cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. Esta sentencia, emitida en 2023, declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Cesantía y Desempleo, que modificaba el artículo 7 de la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial. La Corte ordenó que, antes de enero de 2024, la Asamblea emitiera una nueva ley para regular los pagos a pasantes.

El artículo 2 de la mencionada ley establecía que las pasantías no generaban una relación laboral, eximiendo a las empresas de pagar estipendios o beneficios sociales a los pasantes. Este artículo reformaba el artículo 7 de la Ley de Pasantías, que originalmente exigía una remuneración mínima para los pasantes, alineada con el salario básico. La reforma permitía que las empresas ofrecieran pasantías sin obligación de pago, lo que la Corte consideró violatorio de los derechos laborales establecidos en la Constitución.

Sin embargo, el área de Análisis Legal de Archivo Biblioteca certificó que, hasta el 28 de junio de 2025, no se ha tramitado ninguna normativa para cumplir con este mandato. El informe aprobado será enviado a la Corte Constitucional antes del 29 de junio de 2025, fecha límite para reportar avances.

Retrasos en la protección de pasantes en Ecuador

La falta de una ley que regule los pagos a pasantes refleja un problema estructural en Ecuador. Según el Código de Trabajo, las pasantías deben incluir una remuneración justa, pero la reforma del artículo 7 permitió prácticas sin compensación económica. En 2022, el Ministerio de Trabajo reportó que más de 30,000 pasantes en el sector empresarial han sido afectados. Quienes carecían de estipendios adecuados, afectando su derecho a un empleo justo. La sentencia de la Corte Constitucional, basada en los artículos 33 y 34 de la Constitución, busca revertir esta situación para garantizar condiciones laborales dignas.

Organizaciones como la Cámara de Comercio de Quito han advertido que la ausencia de regulación desalienta a los jóvenes a participar en pasantías, limitando su acceso al mercado laboral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también ha instado a Ecuador a priorizar políticas de trabajo juvenil para combatir la precariedad.

Acciones para fortalecer el empleo juvenil

Ecuador ha tomado medidas para abordar este problema. En 2024, el Ministerio de Trabajo lanzó el programa “Pasantías Dignas”, que incentiva a las empresas a ofrecer remuneraciones justas a pasantes. Sin embargo, la Asamblea enfrenta retrasos en la creación de una nueva ley, debido a la sobrecarga legislativa y falta de consenso político.

La Corte Constitucional ha enfatizado que los pagos a pasantes son un derecho fundamental, alineado con la Constitución. Organizaciones juveniles, como el Consejo Nacional de la Juventud, promueven campañas para visibilizar la importancia de un empleo justo. Según un informe del Banco Mundial de 2025, regular las pasantías podría reducir el desempleo juvenil, que afecta al 16% de los jóvenes en Ecuador. La aprobación del informe es un avance, pero la reforma legal sigue siendo urgente para proteger a los pasantes y fomentar el empleo juvenil.