La bancada Acción Democrática Nacional (ADN), del gobierno de Ecuador, solicitó a la Fiscalía General del Estado la tarde de este miércoles, 28 de mayo, que pida a la jueza Daniella Camacho la prohibición de salida del país para la exasambleísta Esther Cuesta. Esta acción busca garantizar su presencia en el proceso judicial relacionado con el caso Ligados, una investigación sobre presunta red de influencias.

Prohibición de salida como medida cautelar

La solicitud se basa en el artículo 583 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este artículo faculta a la Fiscalía a ejecutar actos urgentes para preservar evidencias o impedir la consumación de un delito. En este caso, el pedido busca aplicar una prohibición de salida del país como medida cautelar contra Cuesta.

El asambleísta Andrés Castillo, vocero del bloque ADN, explicó la razón de esta acción. Busca asegurar la presencia de Esther Cuesta en el proceso judicial. La Asamblea Nacional, el martes 27 de mayo, declaró improcedente el pedido de la jueza Daniella Camacho. Ella había solicitado levantar la inmunidad parlamentaria de la exlegisladora.

Contexto de la solicitud

Castillo enfatizó un punto clave: “Esther Cuesta dejó de ser asambleísta el 13 de mayo, por lo tanto, ya no tiene fuero”. Añadió que ADN actúa dentro del marco legal. Buscan evitar que se repitan casos como el de Augusto Verduga. Él salió del país y dificultó el avance de un proceso judicial. Castillo subrayó que la solicitud no implica una orden de detención. Es una “medida precautelatoria” para evitar una posible evasión del proceso penal.

El asambleísta Andrés Castillo declaró que “No se trata de una persecución política. Estamos cumpliendo con la ley y respondiendo a la demanda ciudadana de luchar contra la corrupción”. Esto desvincula la acción de cualquier tinte político y la enmarca en un contexto de legalidad y combate a la impunidad.

El caso ligados

La solicitud se enmarca en la investigación del caso Ligados. Este es un proceso penal abierto por la Fiscalía. Investiga una presunta red de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También se investigan otras entidades estatales. El objetivo de estas influencias supuestamente es político, a favor del correísmo.

Esther Cuesta ya habría sido incorporada al expediente judicial. Esto motivó a la jueza a solicitar levantar su inmunidad. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea concluyó algo importante. Al haber cesado en sus funciones, Cuesta ya no cuenta con fuero legislativo. Por ello, la Corte Nacional de Justicia puede proceder directamente. No necesita autorización del Legislativo. Con esta acción, la bancada oficialista intenta cerrar posibles vías de fuga. Lo hacen antes de que se concrete un eventual llamamiento a juicio u otras acciones judiciales por parte de la Corte.