Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano busca impedir que la justicia ecuatoriana revise sus dos celulares tras su detención.
Andrés Villegas, uno de los abogados de Jorge Glas, ingresó un escrito a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para solicitar la revocatoria de la autorización judicial para extraer información de sus dos celulares y un Ipad.
El abogado Villegas, en el documento argumenta que la cadena de custodia está “irremediablemente comprometida” porque no se sabe por cuántas personas pasaron los equipos antes de llegar a la Unidad de Flagrancia.
Villegas asegura que quien firmó el parte policial no estuvo en la Embajada de México en Quito.
“La detención de Jorge Glas es ilegal y arbitraria, las pruebas obtenidas son también ilegales”, sostiene el pedido presentado a la Corte Nacional de Justicia.
El pasado 12 de abril, el juez Julio Inga autorizó “la exhibición, el reconocimiento, preservación, extracción, análisis, materialización y transcripción de la información contenida en los dispositivos en cadena de custodia” en el marco del caso Reconstrucción de Manabí.
Jorge Glas tenía dos celulares y un Ipad
El magistrado señaló que esta diligencia debe ser realizada respetando los artículos 475 y 477 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Es decir, para proceder a la apertura y examen de la correspondencia, se notificará previamente al interesado, y con su concurrencia o no, se leerá la correspondencia o el documento en forma reservada.
Con la intervención de dos peritos que juren guardar reserva, con el fiscal, en audiencia privada, se procederá a la exhibición de la grabación.
También a examinar el contenido de los registros informáticos. Las partes podrán asistir con el mismo juramento.
El pasado 5 de abril, la Policía incursionó en la Embajada de México para detener a Jorge Glas y como parte del operativo le decomisaron dos celulares Iphones y un Ipad.
El 12 de abril un Tribunal de la Corte Nacional le otorgó un habeas corpus, pero no dispuso su liberación de la cárcel La Roca, en Guayaquil.
Esto porque aún debe cumplir penas acumuladas por sentencias en firme por corrupción.
