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En Ecuador un total de 22 mil presos no tienen garantizada una alimentación completa; es decir, tres comidas diarias.

Han pasado cerca de 50 días desde que 20 cárceles ubicada en el norte del país se quedaran sin suministros para la alimentación de los internos.

La situación se agudizó aún más, hace dos semanas, cuando se anunció que las crisis alimentaria había llegado a las cárceles de Guayaquil.

Es precisamente en esta ciudad, donde existe la mayor cantidad de presos. Son cerca de 10 mil y están distribuidos entre La Regional, Penitenciaría del Litoral y La Roca.

En esa ciudad hay también al menos dos centros de detención provisional y centros de aislamiento para menores de edad.

César Córdova, defensor del Pueblo, confirmó que la situación es crítica y señaló también que cerca de 22 mil presos reciben una sola comida al día.

La empresa Lafattoria S.A. era la encargada de suministrar la alimentación del sistema carcelario del país,pero su contrato se terminó.

Esta misma empresa está en la mira de las autoridades luego que fue acusada de actos de corrupción, por parte del Presidente Daniel Noboa.

22 mil presos están a la espera

Hasta tanto, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no ha anunciado sobre un nuevo contrato con empresa alguna.

El SNAI anunció que adjudicará un contrato bajo régimen especial para la provisión de alimentos en las cárceles.

En un informe de la Defensoría del Pueblo se indica que las donaciones que realizan familiares de los 22 mil presos son insostenibles.

Se conoció que en las nueve cárceles de la provincia del Guayas, la provisión de alimentos se realiza actualmente mediante donaciones de los familiares de los internos.

Esta solución temporal también ha sido objeto de críticas, especialmente en términos de sostenibilidad y calidad nutricional.

Berta García, directora del Programa Democracia, Seguridad y Defensa, y analista en temas carcelarios, habló del tema en una entrevista con Ecuavisa.

Allí señala los impactos adicionales de la escasez de alimentos y que devela el fracaso del Gobierno de aplicar la política penitenciaria.

 “Lo mínimo e indispensable para la vida básica es la alimentación y el sistema sanitario; si no se cumple con eso, no se sostiene nada”., sostuvo.

César Córdova explicó que, debido a la suspensión del servicio por falta de pago, se están evaluando nuevos contratos, aunque estos no se ajustan a la realidad actual.

Según el defensor del Pueblo, la contratación de un nuevo proveedor contempla un pago de 2,50 dólares por las tres comidas diarias.

El tiempo sigue pasando y el SNAI no da luces para solucionar el problema de falta de alimentación de 22 mil presos de las cárceles del país.