La audiencia de vinculación contra seis exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa al caso Reconstrucción de Manabí se postergó.
La defensa de uno de los que debían ser vinculados al expediente por presunto peculado pidió el diferimiento. Entre los nuevos vinculados están los exministros de Transporte Walter Solís y Boris Córdova.
También formarán parte de la investigación los exsubsecretarios Omar Chamarro y Franklin Bernal. Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar, y Víctor Jaramillo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), completan la lista de los nuevo vinculados.
La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Rita Bravo, deberá estipular una nueva fecha para la diligencia. En el caso Reconstrucción de Manabí ya hay tres procesados, entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra en la Embajada de México en Ecuador. Además, tiene una orden de prisión preventiva.
También son investigados Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.
Según Fiscalía, Glas y otros dos procesados desviaron USD 367 millones recaudados mediante la ley de solidaridad, que debían usarse exclusivamente en obras prioritarias para los afectados por el terremoto de Manabí en 2016.
Aprovechando la emergencia evitaron el trámite de una licitación regular y destinaron los fondos al arreglo de parques y aeronaves.
Asimismo, el Ministerio Público afirma que hubo sobreprecios en la adquisición de hospitales móviles e irregularidades en los reasentamientos para damnificados que aún viven en carpas.
Hay procesados en el caso Reconstrucción de Manabí con sentencias
Walter Solís, uno de los nuevos procesados, mantiene dos sentencias vigentes. Una de ocho años de cárcel por peculado, por el uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), que pasó a conocerse luego como Secretaría del Agua (Senagua).
También cuenta con una sentencia en firme de ocho años de cárcel y el pago de $ 778.000 por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016.
