Danilo G. M., exjuez multicompetente de Montecristi, enfrenta un proceso penal por presunto prevaricato. Según la justicia, el exmagistrado habría emitido una decisión judicial no tan apegada a la ley. Los favorecidos, según la Fiscalía, fueron integrantes de la Corporación Eléctrica de Manabí. La investigación, iniciada a partir de un informe de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, señala que el exjuez contravino normas legales. Él autorizó un pago de 1’983,500 dólares el 5 de diciembre de 2022.

La Fiscalía imputó cargos al exjuez de Montecristi tras recabar elementos de convicción. Entre ellos constan copias certificadas de la Corte Provincial de Manabí que declaró un error inexcusable en sus actuaciones, resoluciones emitidas por Danilo G. M. También se presentó un informe investigativo, versiones de funcionarios y documentación que confirma su rol en el caso. La audiencia de formulación de cargos culminó con medidas cautelares ordenadas por el juez a cargo.

Exjuex de Montecristi no puede enajenar bienes

El exjuez de Montecristi Danilo G.M., tiene prohibición de salida del país, presentaciones quincenales, retención y congelamiento de cuentas bancarias en el Sistema Financiero Nacional. También  prohibición de enajenar bienes hasta por 50 mil dólares. Estas medidas buscan garantizar una eventual multa y reparación. La instrucción fiscal durará 60 días.

El caso se originó tras un oficio remitido por la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que incluyó un expediente disciplinario sobre las actuaciones del exjuez de Montecristi. Según el Fiscal Provincial de Manabí, Danilo G. M. aceptó una medida cautelar autónoma. Dicho trámite benefició a varios miembros de la Corporación Eléctrica de Manabí. Esta es una entidad pública y  con su dictamen autorizó el pago de casi dos millones de dólares.

Dicha resolución, según la Fiscalía, habría violado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Allí establece que casos relacionados con empresas públicas deben tramitarse mediante un juicio contencioso-administrativo.

Podría enfrentar entre tres a cinco años de cárcrel

Entre los elementos presentados por la Fiscalía destacan el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y la notificación de destitución del exjuez de Montecristi. Esta se emitió tras la declaración de error inexcusable por la Corte Provincial. Estos documentos confirman que Danilo G. M. ejercía funciones judiciales al momento de los hechos y que sus decisiones carecían de sustento legal. La investigación también incluye testimonios de funcionarios relacionados con el caso, que respaldan las acusaciones de irregularidades.

El delito de prevaricato está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. Este delito implica que un juez o funcionario público dicte resoluciones contrarias a la ley de manera deliberada. De ser encontrado culpable, Danilo G. M. podría enfrentar una pena de entre tres y cinco años de prisión. También podría enfrentar sanciones económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso ha generado atención en Manabí, una provincia donde la Corporación Eléctrica ha sido objeto de controversias previas por manejos financieros. La decisión del exjuez de Montecristi, según la Fiscalía, no solo contravino la normativa; también generó un perjuicio económico al Estado. Se autorizó pagos sin el debido proceso legal. Las autoridades judiciales han enfatizado la importancia de garantizar la transparencia en el sistema judicial para evitar este tipo de irregularidades.

Lucha contra la corrupción

El proceso penal se desarrolla en un contexto de esfuerzos por parte del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía para fortalecer la lucha contra la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano. Desde 2020, se han implementado mecanismos de control más estrictos, incluyendo auditorías a decisiones judiciales y expedientes disciplinarios para jueces. Este caso refuerza la necesidad de mantener la vigilancia sobre el desempeño de los operadores de justicia.

La Fiscalía continuará recopilando pruebas durante la fase de instrucción fiscal, mientras el exjuez deberá cumplir con las medidas cautelares impuestas. La ciudadanía y los sectores afectados esperan que el proceso avance con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.