La Ley de Alivio Financiero, a través del artículo 2 de la resolución 2025-0145 de la Junta de Política y Regulación Financiera, contempla el diferimiento de pagos crediticios hasta por 180 días, dirigido a quienes enfrentan dificultades económicas por deudas. Este beneficio está disponible hasta el 30 de septiembre de 2025.
Esta resolución establece que las entidades financieras pueden postergar pagos de créditos activos (no vencidos) al 31 de marzo de 2025 o al momento de aplicar el mecanismo. Voceros de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) y de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) han valorado positivamente la medida por su impacto en la estabilidad financiera de los hogares.
Estas son las condiciones para postergar los pagos:
- Duración del diferimiento: hasta 180 días (seis meses).
- Validez: hasta el 30 de septiembre de 2025.
- Cobertura: créditos vigentes al 31 de marzo de 2025 o antes de aplicar el mecanismo.
- Iniciativa: puede ser solicitado por el cliente o activado por la entidad financiera.
- Aceptación: debe constar de forma expresa y por cualquier medio.
- Sin costos adicionales: no genera intereses por mora ni tarifas legales, pero podría generar intereses por diferido.
Un alivio que puede evitar el sobreendeudamiento
La medida llega en un contexto marcado por un aumento de la morosidad en créditos de consumo, que en el primer trimestre de 2025 superó el 6,5 %, según el Banco Central. Esta cifra refleja la presión que enfrentan muchos hogares ecuatorianos, especialmente ante la baja en los ingresos y la pérdida de empleos.
El beneficio se traduce en la reubicación de las cuotas aplazadas al final del crédito, sin cambiar el tipo de operación ni su estructura. Las entidades financieras podrán decidir si se aplican intereses sobre las cuotas diferidas, pero deben comunicarlo con claridad al cliente.
Al no constituir una nueva operación, esta política reduce el impacto legal y operativo tanto para usuarios como para las instituciones financieras, según expertos.
¿Cómo solicitar el diferimiento de deudas?
Este mecanismo está abierto a todos los clientes del sistema financiero nacional que no estén en mora, tanto del sector tradicional como del financiero popular y solidario. Esto incluye bancos, cooperativas, mutualistas y otras entidades reguladas.
Los pasos para solicitar el diferimiento de pagos son los siguientes:
- Contactar a la entidad financiera para manifestar el interés en diferir las cuotas.
- Presentar la documentación requerida, si la institución lo solicita.
- Aceptar expresamente el acuerdo, por cualquier canal válido (digital o físico).
- Verificar el nuevo calendario de pagos propuesto.
- Confirmar si se aplican intereses y bajo qué condiciones.
En todos los casos, el usuario debe recibir notificaciones claras. También puede rechazar la propuesta si no está conforme con las condiciones. Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de Asobanca, señala que cada banco, tras analizar la situación de cada cliente, determinará la viabilidad de otorgar el alivio financiero. Esta evaluación individualizada busca asegurar que la prórroga sea una solución efectiva y sostenible tanto para el cliente como para la entidad financiera.
Supervisión y protección al consumidor financiero
La Superintendencia de Bancos y la de Economía Popular y Solidaria deberán vigilar la aplicación transparente de la medida. El usuario tiene derecho a ser informado con claridad y a presentar quejas ante defensores del cliente o las entidades de control.
Se recomienda usar canales oficiales de comunicación, consultar dudas y no firmar documentos sin comprender su contenido. Estas acciones son clave para evitar abusos o malentendidos.
Las instituciones están obligadas a actuar conforme a sus protocolos y garantizar que la aplicación del mecanismo sea clara, legal y justa.
Un alivio que requiere responsabilidad y planificación
Postergar pagos no implica eliminar deudas. Es una pausa financiera, no una condonación. Por ello, expertos recomiendan usar esta herramienta con responsabilidad, como parte de un plan de reorganización financiera que permita recuperar la estabilidad sin caer en sobreendeudamiento futuro.
Esta política busca respaldar la economía de los hogares y promover la salud del sistema financiero, en un entorno económico desafiante. La clave, como establece el reglamento, es que el cliente acepte de forma voluntaria y expresa las condiciones, asegurando así el uso adecuado del beneficio.
