El Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua emitió una sentencia a Juan Aníbal L. L., a 16 años de reclusión. Esto por violar repetidamente a una joven con un 43% de discapacidad intelectual. La Fiscalía demostró que el hombre, su jefe en una fábrica de zapatos, perpetró los abusos entre 2008 y 2011, aprovechando su autoridad y la vulnerabilidad de la víctima.
Tras un proceso judicial, el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua emitió una sentencia ejemplar contra Juan Aníbal L. L. Un hombre que durante años violó a una joven bajo su mando.
La Fiscalía de Violencia de Género, encargada del caso, presentó pruebas contundentes que acreditaron que los ataques ocurrieron entre 2008 y 2011 en la fábrica de zapatos “Súper Caché”. Fábrica ubicada en el sector de Ambatillo, barrio La Providencia de Ambato. La última agresión tuvo lugar el 25 de mayo de 2011, marcando el fin de un calvario que la víctima soportó en silencio por temor a represalias.
La joven, quien presenta un 43% de discapacidad intelectual, trabajaba en la fábrica junto a su familia, todos empleados del sentenciado. Según la investigación, Juan Aníbal L. L., aprovechaba su posición de poder para perpetrar los abusos. En el último incidente, esperó a que los demás trabajadores abandonaran la zona de engome de zapatos para llevar a la víctima a ese lugar y agredirla por la fuerza.
Para silenciarla, la amenazó con despedirla a ella y a sus familiares, quienes dependían económicamente del empleo en la fábrica.
A pesar de sus dificultades para comunicarse, la víctima encontró el valor de contarle lo sucedido a una amiga. La mujer la apoyó para dar el siguiente paso. Con la ayuda de una intérprete, logró denunciar los hechos ante la Fiscalía. Posteriormente, informar a su familia sobre las agresiones que había sufrido durante años. Este acto de valentía desencadenó la investigación que culminó con la sentencia del agresor.
Pruebas que sellaron la condena
Durante la audiencia de juicio, el Fiscal de Violencia de Género presentó un conjunto de pruebas. Testimonios de la víctima, respaldados por la intérprete, son clave para reconstruir los hechos. Además, se incluyeron informes psicológicos que evidenciaron el impacto del abuso en la joven. También como declaraciones de testigos que corroboraron la dinámica de poder en la fábrica. La Fiscalía demostró que Juan Aníbal L. L., actuó con premeditación, lo que terminó con la sentencia.
Se aprovechó la vulnerabilidad de la víctima y su incapacidad para defenderse plenamente.
El fallo del Tribunal no solo impuso 16 años de reclusión mayor especial, una de las penas más altas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para el delito de violación. Sino que también ordenó el pago de $10.000 como reparación integral a la víctima. Este monto busca compensar, al menos en parte, el daño físico, emocional y económico causado por los años de abuso.
Violencia de género en Ecuador
La condena de Juan Aníbal L. L., pone en relieve un problema persistente en el país: la violencia sexual contra mujeres en situación de vulnerabilidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En 2023, el 25% de las mujeres ecuatorianas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual a lo largo de sus vidas. Las personas con discapacidad, como la víctima de este caso, enfrentan un riesgo aún mayor debido a su dependencia económica o social de sus agresores.
En 2024, la provincia registró más de 300 denuncias por violencia sexual, de las cuales un porcentaje significativo involucró a víctimas con algún tipo de discapacidad. Organizaciones como el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) han advertido que la falta de accesibilidad a la justicia. Además, el estigma social dificultan que estas personas denuncien, dejando muchos casos en la impunidad y que no lleguen a una sentencia. (27)
