La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó vincular al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al caso Triple A. Allí se investiga la presunta distribución y comercialización ilegal de combustible. La petición la presentó el fiscal Leonardo Alarcón ante el juez Renán Andrade en una audiencia en Guayaquil. Con esto se busca procesar a Aquiles Álvarez y a otras diez personas como autores y coautores del delito. La diligencia continuará el jueves 10 para definir si se acepta la vinculación y las medidas cautelares correspondientes.

El juez Andrade instaló la audiencia de vinculación la mañana de este miércoles 9 de abril, tras la solicitud formal del fiscal Alarcón. De las once personas señaladas, siete, incluido Aquiles Álvarez, son requeridos como autores, mientras que cuatro figuran como coautores. Una empresa involucrada en el caso no resultó llamada en ninguna calidad, ya que, al ser persona jurídica, no aplica bajo estas figuras legales. La defensa de Aquiles Álvarez pidió diferir la audiencia, pero el magistrado rechazó la solicitud y le asignó un defensor público, opción que el alcalde también declinó.

Abogado de Aquiles Álvarez intentó diferir la audiencia

El caso Triple A se centra en irregularidades detectadas en la venta de combustible, específicamente diésel, en estaciones de servicio. Según el expediente, algunas estaciones habrían despachado más galones de los autorizados según su capacidad de almacenamiento, con movimientos registrados en 2023. En la audiencia inicial de formulación de cargos, que procesó a cinco personas y cinco empresas, se mencionan tres contratos firmados por Álvarez. Dichos contratos se firmaron en 2021 y 2022, cuando presidía Copedesa S.A., relacionados con tres estaciones de servicio.

La investigación señala que los despachos excedentes pudieron facilitar la comercialización ilegal de combustible. Aquello es un delito que afecta la economía y el control estatal de hidrocarburos. Si el juez Andrade acepta la vinculación de Aquiles Álvarez, deberá decidir las medidas cautelares. Estas podrían incluir prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica ante una autoridad o prohibición de salida del país. La resolución está programada para mañana, 10 de abril, cuando se reanude la audiencia.

Álvarez, quien asumió la Alcaldía de Guayaquil en mayo de 2023 tras ganar las elecciones seccionales, enfrenta este proceso en un contexto de escrutinio público. Antes de su cargo actual, lideró Copedesa S.A., una empresa vinculada al sector de combustibles, lo que lo conecta con las actividades investigadas. La Fiscalía no ha detallado el rol específico del alcalde en los hechos. Sin embargo  su inclusión como autor sugiere una participación directa según las pruebas recopiladas.

Autoridades combaten el mercado ilícito de combustible

El caso Triple A se suma a los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas por combatir el mercado ilícito de combustibles, un problema que genera pérdidas millonarias al Estado. En 2023, el Ministerio de Energía reportó que el contrabando y la venta irregular de diésel y gasolina representaron un desvío de más de 300 millones de dólares. Guayaquil, como centro económico y portuario, es un punto crítico para estas actividades.

La audiencia de este miércoles transcurrió sin que Aquiles Álvarez contará con representación legal propia tras rechazar al defensor público. El juez Andrade mantiene la responsabilidad de evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y determinar si procede la vinculación. De ser aprobada, el proceso contra el alcalde y los demás señalados avanzará a una etapa de instrucción fiscal, que podría extenderse hasta 90 días.

La diligencia concluirá el jueves con la decisión del juez, un fallo que definirá el futuro inmediato de Álvarez en este caso. Hasta el cierre de esta nota, el municipio de Guayaquil no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación del alcalde.