El Gobierno de Javier Milei dispuso iniciar la desclasificación de todos los archivos sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y también de los grupos guerrilleros en el país durante la dictadura militar de 1976 a 1983.

El anuncio se realizó en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha emblemática en Argentina que conmemora a las víctimas del golpe de Estado de 1976. Manuel Adorni, vocero presidencial, destacó que la medida responde al «compromiso inclaudicable» del presidente Milei con los derechos humanos y su intención de «contar la historia completa». 

Los documentos, que hasta ahora estaban bajo custodia de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), pasarán al Archivo General de la Nación para su acceso público. El vocero explicó que esta acción cumple con el decreto 4/2010, firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que, según el actual Ejecutivo, no se había implementado completamente en 15 años.

 «Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta», afirmó Adorni, subrayando que ahora estarán «al servicio de la memoria y no de la manipulación política».

Dictadura: un periodo marcado por violaciones a los derechos humanos

Adorni comparó esta iniciativa con procesos similares en otros países, como la desclasificación de documentos sobre el asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos o la apertura de archivos clasificados por el servicio de seguridad en Reino Unido. 

 «Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia», enfatizó, resaltando que la medida busca alinear a Argentina con estándares globales de transparencia histórica.

La desclasificación abarca toda la documentación relacionada con las Fuerzas Armadas y los grupos guerrilleros entre 1976 y 1983, un periodo marcado por gobiernos autoritarios y violaciones a los derechos humanos. Además, el Gobierno difundió un video oficial en el Día de la Memoria, donde se expone su perspectiva sobre el golpe de 1976, destacando la violencia tanto de las guerrillas como de los militares.

El caso del capitán Humberto Viola

En paralelo, la Presidencia anunció un acuerdo de «solución amistosa» con la familia del capitán Humberto Viola, asesinado junto a su hija de tres años por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, en un ataque ocurrido durante la democracia. El Gobierno de Milei busca que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconozca este crimen como un delito de lesa humanidad en el marco de un conflicto interno.

Durante el mandato de Alberto Fernández (2019-2023), se había argumentado ante la CIDH que este caso no constituía un delito de lesa humanidad, lo que implicaba su prescripción. Ahora, el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley para establecer la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, revirtiendo la postura anterior y atendiendo el reclamo de la familia Viola.

El traslado de los documentos al Archivo General busca garantizar su conservación y consulta pública, un paso que el Gobierno presenta como un avance en la transparencia. La medida coincide con las marchas anuales del 24 de marzo, donde organizaciones sociales y políticas renuevan su pedido de memoria, verdad y justicia.