La Corte Constitucional está próxima a emitir un fallo crucial sobre la constitucionalidad de la prohibición de usar celulares durante la votación de la segunda vuelta. La jornada está programada para el 13 de abril. Este proceso, que definirá al próximo presidente y vicepresidente del país para el período 2025-2029, ha generado controversia tras la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE). La entidad electoral prohíbe tomar fotografías de la papeleta rayada. El juez ponente, Richard Ortiz, ya envió su proyecto de dictamen a los demás jueces, marcando un paso clave hacia la decisión final.
El pasado 16 de marzo, el CNE aprobó una medida que prohíbe el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos durante el sufragio en las juntas receptoras del voto, así como a los miembros de estas durante el escrutinio, salvo para cálculos matemáticos. Esta disposición, impulsada por el Gobierno nacional tras denuncias de presunta extorsión a electores en la primera vuelta del 9 de febrero, busca garantizar la libertad y secreto del voto. Sin embargo, la restricción ha sufrido cuestionamientos y llevada ante la Corte Constitucional mediante una demanda de inconstitucionalidad.
El juez Richard Ortiz, encargado de liderar el análisis, notificó el 1 de abril a las partes procesales que su proyecto de dictamen está listo para ser evaluado por los ocho magistrados de la Corte Constitucional. La demanda, presentada por el activista político Washington Andrade, argumenta que la prohibición podría vulnerar derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Con solo 11 días para la jornada electoral, los jueces han priorizado este caso, conscientes de su impacto en la contienda electoral entre Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) y Luisa González (Revolución Ciudadana).
Organizaciones esperan el fallo de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional enfrenta un dilema: validar la medida del CNE como una protección al proceso democrático o declararla inconstitucional por posibles excesos en las restricciones. Organizaciones políticas y ciudadanos han expresado posturas divididas. Mientras el oficialismo defiende la prohibición como un freno a la coerción electoral, sectores opositores la ven como una limitación innecesaria. El fallo, esperado en los próximos días, será determinante para el desarrollo de la segunda vuelta.
Este caso resalta la relevancia de la Corte Constitucional en la defensa de los derechos y la transparencia electoral en Ecuador. A medida que se acerca el 13 de abril, la ciudadanía y los candidatos aguardan una resolución que podría redefinir las reglas del juego en esta contienda histórica. La decisión no solo influirá en la logística electoral, sino también en la confianza en las instituciones democráticas del país.
