Los radares de la Comisión de Tránsito del Ecuador instalados en vías estatales de Ecuador están en la mira del Gobierno. Una alerta recibida por las autoridades sobre estos aparatos sancionadores que los pone ‘en la mira’.
Mientras tanto, los radares no son cuestionados únicamente por el régimen, también por conductores afectados por supuestas fallas en la emisión de multas. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado sobre las acciones que se seguirán en este caso.
«El Gobierno Nacional toma acciones inmediatas ante irregularidades en concurso y manejo de radares», dice el comunicado.
Se refiere a una presunta irregularidad en la contratación de los dispositivos tecnológicos que sancionan en las vías del país.
Radares tuvieron un concurso ‘apurado’
De acuerdo al comunicado del Gobierno, el concurso de los radares cumplieron «en un tiempo récord», según el análisis realizado. Se deslindan de responsabilidades pues la contratación se dio en el mandato de Guillermo Lasso.
Entre los beneficiados se mencionan a los consorcios SEVIECU y ECUTRANSIT.
Indica el pronunciamiento que en 42 días (tiempo récord) se ejecutaron los procesos de contratación pública «inobservando las normativas legales vigentes».
Un contrato de este tipo, según el régimen, debe contar con el visto bueno de la Secretaría de Alianzas Público Privadas.
«Este organismo nunca fue informado sobre el proceso ni se socializó el mismo con los municipios», detalla el comunicado.
La alerta que emite el Gobierno, según la misiva, sale tras una alerta emitida por el asambleísta por Azuay, Adrián Castro. Este fue director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Disposiciones del Gobierno sobre este caso
La Secretaría de Integridad Pública que dirige José Julio Neira tomó varias resoluciones previas para vigilar el contrato de radares. La primera es solicitar al Contralor General del Estado un informe especial para determinar responsabilidades del Gobierno anterior involucrados en este proceso.
La segunda acción para la procuraduría general del Estado. La entidad debe activar el control de legalidad del contrato para adoptar las acciones judiciales necesarias.
Finalmente, a la Comisión de Tránsito del Ecuador se le ordenó tomar las acciones legales y contractuales.
Los radares son mecanismos tecnológicos de sanciones en las vías estatales del país. Ciudadanos y transportistas han presentado acciones legales por supuestos fallos en la emisión de multas.
