La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por la seguridad de jueces y fiscales en el Ecuador.
Este martes 14 de mayo del 2024 la CIDH anunció que le realiza seguimiento a varias investigaciones en el Ecuador.
De manera especial se ha centrado en la «penetración del crimen organizado en la Función Judicial«.
Estas investigaciones las lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Diana Salazar.
Debido a esto la CIDH exhortó al Gobierno de Ecuador a garantizar la independencia y la seguridad de los operadores de justicia.
Así mismo solicitó al Ejecutivo, redoblar las medidas de protección a favor del personal judicial y de la fiscalía, especialmente a su principal, Diana Salazar.
El domingo 12 de mayo, Diana Salazar, relevó nuevos datos sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio y un supuesto plan que la incluía a ella.
Derechos Humanos preocupado por las autoridades
“La Fiscalía ha presentado públicamente investigaciones que muestran indicios de estructuras criminales que habrían pagado sobornos a personas operadoras de justicia», dijo la CIDH en un comunicado.
«Según información oficial, al menos 19 jueces de distintas regiones y niveles de la judicatura estarían involucrados”, publicó.
“Estos casos se habrían producido en el contexto de agravamiento de la situación de seguridad ciudadana en Ecuador, originada en el accionar violento del crimen organizado”, agregó.
Debido a esto la Comisión de Derechos Humanos instó al Gobierno ecuatoriano a luchar contra la corrupción y a garantizar la independencia judicial frente a injerencias del crimen organizado.
Así mismo pidió que se brinde seguridad y celeridad a las investigaciones sobre asesinatos a operadores de justicia.
Uno de los crímenes que condenó la CIDH fue el asesinato del fiscal César Suárez, hecho en Guayaquil.
Suárez formaba parte de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Una de las investigaciones que tenía a cargo era la irrupción de un grupo armado en la sede del canal TC Televisión.
