Los temas relacionados con la seguridad ciudadana y del Estado no deben tratarse en discusiones públicas ni ser expuestos a la injerencia de grupos políticos, pues por su carácter deben ser reservados.

Es acertada la decisión del presidente de la República de disponer a sus ministros y secretarios de áreas relacionadas con la defensa y la seguridad que no acudan a convocatorias de la Asamblea Nacional si las sesiones de la comisión que los convoca no son reservadas.

Se trata de un tema sensible. Si el Gobierno ha diseñado un plan de seguridad y lucha contra la delincuencia, al que ha clasificado como reservado y confidencial, solo se lo puede documentar de una manera reservada, más aún cuando existen sospechas de que hay políticos que podrían tener intereses relacionados con grupos delictivos.

«Si el Gobierno ha declarado la reserva del plan, debería mantenerse en ese sentido”.

Por otro lado, los funcionarios de estas áreas no pueden exponerse a que, bajo amenazas de juicios políticos u otras acciones, se los obligue a comparecer a sesiones de comisiones diversas con el fin de revelar detalles que deben permanecer bajo reserva, al menos por ahora, mientras se  aplica el plan de seguridad.

En la lucha contra la delincuencia deben intervenir todos los poderes del Estado, unidos en un norte común. El Legislativo, a pesar de las tendencias políticas divergentes que pudieran existir, tiene que asumir su parte.

Editorial de El Diario publicado este jueves 10 de noviembre del 2022 en nuestra edición impresa.