Grupos minoritarios del país no pueden imponer sus puntos de vista y sus demandas sobre la necesidad de la mayoría de trabajar y levantarse de la crisis que se agudizó con la pandemia.

Es entendible el deseo de respetables sectores del país de exigir al Gobierno cambios y solución a los problemas que enfrenta el país, pero no pueden hacerlo por medio de la violencia. Eso no debe permitirse.

No es posible que haya grupos que se permitan cerrar vías y restringir derechos en base al uso de la fuerza y los señalamientos. En un país diverso, los puntos de vista también difieren y esa es la simiente de la democracia.

El Estado está llamado a garantizar la protesta pacífica, pero también debe asegurar que no se infrinjan derechos como los del libre tránsito, la propiedad y la seguridad.

«No se puede permitir que una minoría paralice al país para imponerse”.

No se puede permitir que una minoría paralice al país, porque está inconforme con la gestión de un mandatario.

Los saqueos, el vandalismo, la restricción de servicios y los daños a la propiedad son delitos y deben ser sancionados como tales.

La mayoría de los ciudadanos no tiene por qué pagar los excesos de grupos que aprovechan su influencia sobre colectivos humanos para perjudicar a todo el país, bajo el pretexto del uso de los derechos a la protesta y la resistencia.

Editorial de El Diario publicado este jueves 16 de junio del 2022 en nuestra edición impresa.