Una de las formas de paliar la grave crisis carcelaria que atenta contra la seguridad del país es poner fin a la corrupción dentro de los llamados centros de rehabilitación social.

Por una parte, hay que endurecer penas para quienes delinquen en las cárceles, trátese de reos o de funcionarios; y por otro, las autoridades tienen que ser menos contemplativas con quienes infringen las normas.

Hay que hacer respetar la prohibición del ingreso de armas, bebidas alcohólicas, drogas, dispositivos electrónicos y otros elementos no permitidos dentro de las prisiones que, pese a las disposiciones, suelen encontrarse en estos recintos cada vez que hay requisas.

“Autoridades menos contemplativas con quienes infringen las normas”.

El aprovisionamiento debe cortarse, definitivamente. El SNAI tiene la responsabilidad de realizar revisiones minuciosas, sorpresivas y aleatorias, para detectar a funcionarios corruptos que faciliten el ingreso de armas a las cárceles; al mismo tiempo, se tiene que reforzar la seguridad para evitar el acceso desde predios cercanos o a través de objetos dirigidos desde fuera.

La seguridad de los detenidos es responsabilidad del Estado y, como tal, debe tomar todas las decisiones para enfrentar la grave inseguridad que afecta, también, dentro de las cárceles.

Editorial de El Diario publicado este jueves 12 de mayo del 2022 en nuestra edición impresa.