Es inadmisible e injustificable que desde una infraestructura de una institución pública se contamine el agua que consumen los ciudadanos.
Si bien todas las fuentes de contaminación al río Portoviejo deben ser solucionadas como una prioridad, es preocupante que por casi 4 años el Municipio de Santa Ana envíe con conocimiento de causa aguas negras directamente al afluente, al no tener habilitada una planta de agua residual en la parroquia Ayacucho.
Las leyes, incluso la Constitución, consagran que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable, al que se debe acceder de forma permanente y segura.
«Este es un caso muy grave. Diputados, ministerios y fiscalía deben actuar”.
Es grave que una dependencia del sector público use sistemas que no son ambientalmente limpios y afecte el derecho a la salud, que según la norma Constitucional, garantiza el Estado, y cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el del acceso al agua. Además, afecta el derecho de la naturaleza, pues al existir descargas contaminantes al río se perjudica especies y ecosistemas.
Llama la atención que la Fiscalía no investigue de oficio un posible delito, así como la falta de mano dura del Ministerio de Ambiente. Es rechazable, también, la falta de fiscalización con resultados de concejales cantonales y asambleístas provinciales, así como la ausencia de acción civil y ciudadana ante un problema tan grave.
Editorial de El Diario publicado este martes 21 de septiembre del 2021 en nuestra edición impresa.
