El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días el estado de excepción en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y el cantón Echeandía de la provincia de Bolívar, debido a la persistencia de la violencia ligada al crimen organizado. La medida, formalizada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 175 firmado el 5 de octubre en Quito, responde a una “grave conmoción interna” y busca garantizar el orden público en zonas afectadas por homicidios y ataques con explosivos.
La renovación, que entró en vigor de inmediato, suspende los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia en las áreas mencionadas, permitiendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizar allanamientos, operativos e inspecciones. A diferencia de otras disposiciones similares, no se establece un toque de queda.
Medida de emergencia en Ecuador
El estado de excepción renovado se fundamenta en los decretos previos N.º 76 y N.º 109, emitidos en agosto de 2025, y considera el dictamen de la Corte Constitucional de septiembre de 2025, que excluyó a un cantón de Cotopaxi y otro de Bolívar de medidas similares. Esta decisión se suma a otro estado de excepción vigente en 12 provincias, decretado a raíz del paro nacional.
El Gobierno, según el decreto, justifica la medida con informes de inteligencia que señalan la continuidad de actos violentos, como homicidios y atentados con explosivos, atribuidos a grupos criminales. Entre los incidentes recientes, se destaca el ataque al director de la cárcel regional de Guayas y detonaciones en Esmeraldas.
Implementación de decreto
La disposición ejecutiva establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intensificarán operativos en las cuatro provincias costeras y el cantón Echeandía. Estas acciones incluyen inspecciones y allanamientos para desarticular redes criminales y reducir los índices de violencia. El decreto subraya que el objetivo es “garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica”, según lo estipulado en su artículo tercero.

A pesar de las medidas extraordinarias implementadas previamente, el Ejecutivo reconoce que los grupos criminales mantienen un accionar intenso. El accionar fue lo que motivó la renovación del estado de excepción.
Crisis de seguridad en Ecuador
Ecuador ha enfrentado un aumento significativo de la violencia en los últimos años, particularmente en las provincias costeras, donde el crimen organizado ha consolidado su presencia. Guayas y Manabí, por ejemplo, registran altas tasas de homicidios, con 2.345 casos reportados en 2024, según datos del Ministerio del Interior.
En 2025, el país ha implementado múltiples decretos de emergencia, especialmente en regiones afectadas por el narcotráfico y la delincuencia organizada. La Corte Constitucional ha supervisado estas medidas, exigiendo que se ajusten a los principios de proporcionalidad y necesidad.
El Ejecutivo asegura que las acciones en las provincias afectadas se realizarán con estricto apego a los derechos humanos. La renovación del estado de excepción se produce en un contexto de creciente presión sobre el Gobierno para abordar la inseguridad, un tema que continúa siendo prioritario en la agenda nacional.