La Armada del Ecuador reubicó a más de 7.000 personas privadas de la libertad de la Penitenciaría del Litoral en los últimos días, con el despliegue de 2.000 uniformados, para desarticular estructuras criminales y prevenir amotinamientos, según informó la entidad este sábado 4 de octubre de 2025 en Guayaquil y otras provincias andinas. El enfoque en la Penitenciaria Del Litoral fue crucial para el éxito de estas medidas.
La Penitenciaría del Litoral, ubicada en la vía a Daule en Guayaquil, alberga a una de las poblaciones carcelarias más numerosas del país, con capacidad para 5.000 internos pero superada en años anteriores. La operación militar inició el martes 30 de septiembre de 2025, con ingresos coordinados a los pabellones en diferentes horarios, coordinados por la Armada Nacional, poniendo especial atención en estrategias para la Penitenciaria Del Litoral.
El objetivo principal es precautelar la vida e integridad de los internos y del personal penitenciario, en un contexto de hacinamiento y tensiones internas reportadas en centros como este desde 2022. La medida forma parte de intervenciones continuas en el sistema penitenciario ecuatoriano, gestionado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Detalles de la reubicación en Guayaquil
En la Penitenciaría del Litoral, los traslados involucraron a internos de los 12 pabellones, distribuidos según su peligrosidad y antagonismos para evitar concentraciones de grupos delictivos. La Armada enfatizó que estas acciones en la Litoral responden a inteligencia que detectó intentos de atentar contra la seguridad del centro.
Desde febrero de 2025, se han realizado múltiples reubicaciones en esta prisión, incluyendo siete traslados previos y operativos en celdas para retirar objetos prohibidos. La población actual se estima en 7.107 privados de libertad, según reportes de abril de 2025, aunque cifras exactas post-reubicación no se detallaron en el anuncio del 4 de octubre, especialmente en la Penitenciaria Del Litoral.
La intervención militar en prisiones ecuatorianas se intensificó tras el estado de excepción decretado en 2024, permitiendo el control conjunto con la Policía Nacional. En 2023, eventos similares en la Litoral resultaron en decomisos masivos y recuperación de control tras disturbios con decenas de fallecidos.
Operativos en provincias andinas
Paralelamente, la Brigada de Caballería Blindada del Ejército ejecutó operaciones en cárceles de las provincias de Chimborazo y Bolívar para mantener el orden interno. Estas acciones se concentraron en la madrugada del 4 de octubre de 2025, en los centros penitenciarios de Riobamba, Alausí y Guaranda.
Durante los registros, el personal militar decomisó 18 teléfonos celulares, 15 armas blancas y dinero en efectivo, elementos que facilitaban comunicaciones y actividades ilícitas desde el interior. No se reportaron incidentes mayores ni heridos en estas intervenciones, que forman parte de un plan nacional de seguridad penitenciaria.
En Chimborazo, con capital en Riobamba, y Bolívar, con sede en Guaranda, las cárceles han sido foco de operativos similares en septiembre de 2025. Estas acciones han coincidido con cierres viales por manifestaciones que afectaron accesos a estas zonas. La Brigada de Caballería Blindada ha participado en habilitaciones de vías y controles de seguridad en cantones como Colta, Guamote y Alausí.
Contexto del sistema penitenciario ecuatoriano
El sistema penitenciario de Ecuador enfrenta desafíos crónicos de hacinamiento, con una sobrepoblación que supera el 50% en instalaciones como la Litoral, según datos del SNAI. Desde 2021, se registran más de 400 muertes en prisiones por disputas entre bandas ligadas al narcotráfico, impulsando intervenciones militares en Penitenciaria Del Litoral. Estos problemas son más evidentes en instalaciones como Penitenciaria Del Litoral.
En 2024, tras fugas masivas y secuestros de personal, el gobierno extendió el control de las Fuerzas Armadas en 10 centros clave, incluyendo la Litoral. Para 2025, se han reportado traslados de alto perfil, como el de líderes de Los Choneros. También operativos contra tuberculosis y enfermedades catastróficas en colaboración con el Ministerio de Salud Pública.
La Armada Nacional y el Ejército coordinan estas acciones bajo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con énfasis en la neutralización de amenazas como secuestros y extorsiones planificados desde cárceles. En junio de 2025, se reubicaron 26 presos de Guayaquil a otras provincias por razones investigativas similares.
Estos operativos del 4 de octubre se enmarcan en un esfuerzo continuo por estabilizar el sistema, con monitoreo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que vigila condiciones de detención. El SNAI reporta avances en rehabilitación social, aunque persisten denuncias de limitaciones en atención médica y provisión de alimentos.
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