El 19 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa Azín expidió el Decreto Ejecutivo N.º 148, convocando a una consulta popular para decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente e instruyendo al Consejo Nacional Electoral a continuar con el proceso respectivo.

Sin embargo, este decreto plantea serios cuestionamientos, especialmente porque el presidente, una vez más, parece omitir las disposiciones constitucionales y el control que debe ejercer la Corte Constitucional, lo que implica una vulneración clara a la Constitución.

La insistencia en responsabilizar a la Corte Constitucional de la actual inseguridad, así como en considerar la Constitución de Montecristi un obstáculo, evidencia el agotamiento de las propuestas presidenciales. Las convocatoria a movilizaciones por la paz y la seguridad, competencias propias del Ejecutivo, no exime del deber de respetar la supremacía constitucional.

No se pretende negar la posibilidad de perfeccionar la Constitución vigente; sin embargo, el nivel del debate que actualmente se observa en la Asamblea Nacional es tan insuficiente que genera dudas sobre la capacidad de ciertos asambleístas para redactar una nueva Carta Magna, que, por su actitud permisiva y condescendiente, afectan no solo su imagen, sino la eficacia del Legislativo. Sorprende, además, la aparente falta de conocimiento de principios jurídicos básicos entre los asesores del Ejecutivo y Legislativo, lo que debilita la credibilidad del partido oficialista y plantea interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones.

¿No sería más sensato y eficiente impulsar la promulgación de leyes mediante los procedimientos establecidos, respetando la Constitución actual? De esta manera, se optimizarían recursos y tiempo. Desde la elección del presidente, la nación parece encontrarse en una continua campaña electoral: en lo que va de 2025, ya se han celebrado dos procesos electorales y se anuncia un tercero, situación insostenible tanto desde el punto de vista económico como por la falta de oportunidad para atender los asuntos verdaderamente prioritarios.

A mis compatriotas, les incito a que se informen, permanezcan atentos y participen activamente en la vida democrática. Cuestionar a la autoridad constituye un derecho esencial y una manifestación legítima de la democracia. La Corte Constitucional no debe ser considerada como un enemigo; por el contrario, la inoperancia de quienes están en el poder sí repercute de manera directa en el bienestar de la ciudadanía.