El Consejo de Administración Legislativa (CAL) definirá en quince días si suspende por 90 días a la asambleísta Mónica Palacios Zambrano, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), por imputar al presidente Daniel Noboa y a su esposa, Lavinia Valbonesi, un delito de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals. La decisión se tomará tras analizar las pruebas presentadas en la queja formulada por la asambleísta Nataly Morillo, de Acción Democrática Nacional (ADN). Esto ocurrió en una sesión del CAL realizada este martes 23 de septiembre.
Incidente en la Comisión de Biodiversidad
El caso se originó el 10 de septiembre de 2025, durante la sesión n.° 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, a las 14h30. Fue en el marco del debate sobre el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, provincia del Azuay.
Según la queja de Morillo, Mónica Palacios solicitó la palabra y acusó al presidente Noboa y a la primera dama de tráfico de influencias. Los vinculó con Dundee Precious Metals y una supuesta entrega de dinero a la fundación Ana. A pesar de los llamados al orden de la presidenta de la Comisión, Camila León (ADN), Palacios persistió en sus declaraciones, lo que llevó al cierre de su micrófono.
Conducta y sanción propuesta
Morillo sostiene que Mónica Palacios continuó alzando la voz tras la suspensión de su intervención. Exhibió un cartel con la intención de captar la atención de los medios presentes, interrumpiendo el normal desarrollo de la sesión.
Según la queja, estas acciones constituyen faltas administrativas muy graves, contempladas en el artículo 171, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que sancionan la provocación de incidentes violentos y el uso de términos ofensivos en sesiones legislativas. Dichas faltas pueden derivar en una suspensión sin remuneración de 31 a 90 días.
Defensa de Palacios
En su defensa, Mónica Palacios argumentó que sus declaraciones se basaron en información pública y forman parte de su labor de fiscalización parlamentaria. Además, invocó el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que otorga inmunidad a los asambleístas por sus opiniones y actos dentro y fuera de la Asamblea. Por ello, solicitó el archivo del proceso, alegando que no incurrió en ninguna falta administrativa.
Contexto legislativo y político
El CAL, encargado de resolver esta queja, revisará las pruebas de cargo y descargo. Esto será para determinar si procede la sanción. El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política, con debates sobre proyectos mineros como Loma Larga. Estos han generado controversia por su impacto ambiental y social en Azuay. Además, las acusaciones de Palacios se enmarcan en la polarización entre la bancada oficialista ADN y la oposición, liderada por Revolución Ciudadana.
La posible suspensión de Palacios podría afectar la dinámica legislativa de RC. Mientras tanto, el CAL, presidido por Niels Olsen, tiene quince días para emitir una resolución. Esta será clave para definir el alcance de la inmunidad parlamentaria. También lo será para decidir sobre las sanciones por conductas en sesiones legislativas.
