Tras el retiro del subsidio al diésel, los anuncios de un paro nacional, propuesto por organizaciones notoriamente vinculadas a grupos políticos, no se han hecho esperar. Como en ocasiones anteriores, hay sectores que aprovechan determinadas medidas oficiales para sembrar el descontento y llamar al caos.
Por su parte, el Gobierno se mantiene inflexible y, aunque desaprueba los reclamos, no ofrece opciones ideales para negociar una solución.
En momentos como este, lo que debe primar es el diálogo, abordado desde perspectivas técnicas, económicas, sociales y humanas. También, con el argumento de la seguridad, según la versión del régimen.
Los cierres de vías, la suspensión del trabajo y el miedo no perjudican, finalmente, al Gobierno ni a los organismos internacionales, sino a la ciudadanía.
Por ello, las organizaciones que convocan a paros y movilizaciones deben hacer un alto y abrir espacios para el diálogo. Es preciso recordar la dura lección que dejaron experiencias anteriores: pérdidas enormes para la producción, carestía de los productos básicos, tensión política y suspensión de servicios, entre otros efectos.
Un país afectado por la crisis y amenazado por la violencia no merece que por falta de un diálogo frontal y transparente frente a una medida controversial (pero necesaria) empeore la situación.
