Los hallazgos de manejo irregular de medicinas del Ministerio de Salud Pública deben investigarse con rigor y derivar en sanciones. No basta con señalar culpables circunstanciales; se requiere una investigación a fondo para determinar responsabilidades y garantizar que tales hechos no se repitan.
El propio ministro del ramo evidenció medicinas guardadas que no se entregaban a los pacientes, mientras se solicitaban a los usuarios que las compraran fuera. Este hecho revela negligencia y posibles actos de corrupción que deben ser esclarecidos sin demora.
El sistema de salud no puede permitirse estas prácticas. En un contexto de limitaciones presupuestarias, cualquier manejo irregular significa desperdicio de recursos y empeora la atención a los ciudadanos.
No se trata únicamente de remover funcionarios; es indispensable establecer mecanismos de control, auditoría permanente y responsabilidad administrativa que aseguren la correcta distribución de medicinas en el país.
La salud pública requiere que los manejos se hagan con transparencia y eficiencia. El caso expuesto debe ser el inicio de un proceso sostenido de control que devuelva la confianza en el sistema y priorice el derecho de los ciudadanos a recibir atención oportuna y de calidad.
