Según documentos internos revelados por la cadena de noticias CBS News, el Gobierno de Estados Unidos ha solicitado a Ecuador aceptar migrantes deportados desde su territorio que no tienen la nacionalidad ecuatoriana, mediante la figura de acuerdos de deportación.

Este enfoque se basa en la legislación sobre “tercer país seguro”, que permite designar naciones capaces de tramitar solicitudes de asilo. La administración estadounidense negocia con países para que acepten migrantes no ciudadanos, facilitando su retorno y evitando que permanezcan irregularmente en Estados Unidos.

Expansión de acuerdos de deportación en América y África

Al menos doce países ya aceptan o negocian estos acuerdos de deportación, según CBS News. En América Latina, Honduras acepta migrantes de otras naciones hispanohablantes, incluyendo familias con niños, mientras que Paraguay firmó recientemente un acuerdo formal con Estados Unidos para actuar como “tercer país seguro”. En África, Uganda recibe migrantes deportados sin antecedentes penales, estableciendo un modelo que otros países podrían seguir.

Estos acuerdos reflejan la estrategia de Estados Unidos para compartir la responsabilidad migratoria con gobiernos de distintas regiones. Al diversificar los destinos de deportación, la administración Donald Trump reduce la presión directa sobre su territorio y acelera los procesos de expulsión de migrantes indocumentados. Los países involucrados aceptan recibir a migrantes que no son sus ciudadanos, bajo compromisos específicos y protocolos.

Negociaciones con España

Funcionarios estadounidenses han entablado conversaciones con España y otros gobiernos interesados en formar parte de este esquema de acuerdos de deportación. La política se ampara en mecanismos legales que permiten a Estados Unidos enviar a solicitantes de asilo a terceros países que pueden procesar sus casos. Estas negociaciones buscan ampliar la red de países colaboradores, fortaleciendo la capacidad regional para gestionar flujos migratorios.

El Departamento de Estado enfatiza que estos acuerdos forman parte de una política destinada a proteger a la población estadounidense y controlar la inmigración irregular. Un alto funcionario señaló que se realizan todos los esfuerzos para apoyar la expulsión rápida de migrantes sin derecho legal a permanecer en Estados Unidos. El aval reciente de la Corte Suprema apoya la implementación de estos procesos con tiempos abreviados y notificaciones mínimas.