La exhibición de carteles con fotos y nombres de servidores públicos, a quienes se acusa de ser obstáculos para combatir el crimen y, consecuentemente, facilitadores de los delitos que bandas asesinas cometen en el país, de por sí constituye un grave quebrantamiento a los elementales derechos humanos y constitucionales de los acusados.
No solo se atenta contra su buen nombre, sino que se crean riesgos de ser víctimas de atentados contra su integridad física, incluso contra sus vidas y las de sus familiares, al ser vilipendiados pública, impune, irresponsable y abusivamente, usándose la diatriba y la falacia, representadas por una tumultuosa manifestación pública.
Pero lo de mayor preocupación es que la callejera agresión sea generada desde la mismísima Presidencia de la República, con su titular, el joven Daniel Noboa, representante de la función Ejecutiva, como actor principal de tan histórica agresión contra otra institución del Estado, como es la Corte Constitucional (CC). Porque son sus integrantes, precisamente, a quienes se pretendiera avasallar, de manera personal e institucional, en las manifestaciones que Noboa convocará y liderara ese ya aciago día para la democracia.
Porque eso es lo que se vivió cuando una poblada, armada para presionar a los jueces de la CC la aprobación de leyes enviadas por el Ejecutivo, recorriera calles de Quito denostando la dignidad de los miembros de la CC en franco atentado a la institucionalidad del mismo Estado y violentando claros dictados constitucionales al no respetarse la independencia de los organismos del orden constituido.
Esta opinión no tiene intención alguna de censurar políticas oficiales ni de posición contraria a los intereses oficiales, sino sana crítica a los procedimientos que el gobierno del joven Noboa está echando mano para imponer leyes desestimando otras, oscurecidas con prácticas ofensivas a su misma función de administrador constitucionalmente democrático, pues lo acontecido el miércoles 13 de agosto del presente 2025, raya en la prepotencia por sobre sus obligaciones de cogobernar dentro de las limitaciones impuestas por la Carta Magna. Porque más allá es terreno del totalitarismo, camino al hueco dictatorial.
Hay que buscar la superación de la nación fortaleciendo sus funciones, no tratando de obligarlas a la sumisión. La CC ha anunciado que las leyes reclamadas están suspendidas no rechazadas, por lo que la impaciencia del gobierno solo produce inseguridad en el mando de un país que clama a gritos una conducción administrativa férrea pero razonable, eficiente, altiva, respetuosa y digna de un estadista. Salta, entonces, como lógico, la urgencia de un diálogo razonable entre ambas partes para exponer civilizadamente sus verdades hasta llegar a la unificación conciliadora, que entierre la práctica arrabalera.
