En el primer semestre de 2025, 294 niños y adolescentes fueron asesinados en Ecuador, un aumento del 50% respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. Esta crisis, centrada en Guayas, ocurre mientras el Gobierno de Daniel Noboa implementa medidas como la Ley Orgánica de Integridad Pública. También un comité interinstitucional para frenar el reclutamiento de menores por bandas criminales, en un contexto de inseguridad y crisis carcelaria.
Crisis de violencia juvenil sin precedentes
El primer semestre de 2025 marcó un récord histórico en Ecuador con 294 homicidios de menores, un incremento del 50% frente a los 196 casos registrados en el mismo período de 2024, según datos oficiales del Ministerio del Interior. La provincia de Guayas lidera las estadísticas con 150 casos, representando el 51% del total nacional. Le siguen Los Ríos con 45 casos y Manabí con 32 casos, consolidando un corredor de violencia en la región Costa. Otras provincias, como El Oro, Esmeraldas y Pichincha, reportaron entre 10 y 17 casos.
Adolescentes de 15 a 17 años son el grupo más afectado, con 237 víctimas (80% del total). Según la Policía Nacional, muchos de estos jóvenes son reclutados por bandas criminales para actividades como microtráfico y extorsión. La Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) señala que menores desde los 12 años son captados en distritos violentos como Nueva Prosperina, en Guayaquil.
Medidas gubernamentales en marcha
El Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado dos estrategias clave. El 24 de junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que elevó las penas para menores vinculados al crimen organizado de 8 a 15 años de privación de libertad. Entre enero y junio de 2025, 1.200 menores fueron arrestados por presunta relación con bandas, frente a 3.500 detenciones en todo 2024, según el Ministerio del Interior.
Paralelamente, el 17 de junio de 2025, se creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento de Menores por Decreto Ejecutivo. Presidido por el Ministro del Interior y la Vicepresidenta, el comité se reunió por primera vez ese día y estableció un plazo de 30 días para presentar un plan interinstitucional contra el reclutamiento de menores por grupos criminales.
Críticas a la estrategia oficial de homicidios de menores
Organismos como Unicef han cuestionado las reformas penales, argumentando que criminalizar a los adolescentes no aborda las causas de la violencia. Unicef expresó que “estas medidas no han demostrado ser efectivas” y abogó por fortalecer sistemas de protección infantil. Valeska Chiriboga, investigadora del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil, señaló que las políticas actuales agravan el hacinamiento carcelario, donde los centros penitenciarios se han convertido en espacios de captación para bandas criminales.
Contexto de la crisis carcelaria
La crisis carcelaria en Ecuador, con 14 masacres penitenciarias desde 2019 que han dejado más de 600 muertos, según el CDH, está vinculada a la violencia juvenil. El hacinamiento, impulsado por políticas punitivas y el uso excesivo de la prisión preventiva, facilita que las bandas operen dentro de las cárceles. Chiriboga advirtió que sin un sistema de rehabilitación efectivo, los menores detenidos corren el riesgo de integrarse más profundamente en estructuras criminales.
Llamado para bajar la tasa de homicidios de menores
Expertos y organizaciones piden priorizar la prevención. Chiriboga destacó la falta de inversión en reinserción escolar y programas sociales. Unicef promueve el Plan de Escuelas Seguras, en colaboración con el Ministerio de Educación, para prevenir la violencia y apoyar la salud mental. Sin embargo, la interrupción de servicios básicos en zonas controladas por bandas limita el acceso de 4,3 millones de niños a educación adecuada, según Unicef.
