La reforma al Código del Trabajo y al régimen laboral público es una necesidad impostergable. En este contexto, la Ley de Integridad Pública es un paso en la dirección correcta y merece que se la apoye, pese a la resistencia de algunos sectores.
Esta norma introduce cambios relevantes, como la evaluación por desempeño, la revisión del acceso a la jubilación compensada y la simplificación del sumario administrativo. Aunque estas medidas han generado preocupación en sectores del empleo público que creen que se vulneran derechos, la verdad es que apuntan a corregir rigideces que han frenado el desarrollo institucional.
Ecuador requiere un modelo laboral más dinámico, tanto en el sector público como en el privado. Asegurar un puesto de trabajo es condenar al fracaso a una institución o una empresa. Quienes administran el empleo deben tener las herramientas para que puedan renovar sus equipos en función de objetivos y resultados.
Las instituciones y empresas son las que generan el empleo, y el Estado debe garantizar las condiciones para su sostenibilidad, incluido el entorno jurídico.
Los cambios de la Ley de Integridad Pública son buenos y esta transformación debe ir más allá y extenderse también al Código Laboral privado, con el mismo objetivo: un país más productivo y justo.
