María Luisa Cruz, ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, informó este jueves sobre 796 alertas de minería ilegal en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento. La declaración ocurrió durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, en el contexto de un proyecto de ley urgente que aborda esta crisis ambiental. Los impactos incluyen daños significativos a los ecosistemas del país.
Ecuador destaca como uno de los 17 países megadiversos, con 91 tipos de ecosistemas y 56 áreas protegidas bajo gestión estatal. Sin embargo, la ministra señaló que estas zonas enfrentan amenazas constantes debido a actividades ilícitas. El proyecto de ley busca contrarrestar estos efectos con medidas específicas.
Detalles de las afectaciones
Un diagnóstico institucional revela que 12 áreas protegidas sufren daños en 400 hectáreas por minería, tala ilegal, tráfico de especies y pesca no autorizada. Además, seis áreas marinas protegidas, en un radio de 60 millas náuticas, enfrentan impactos de Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). Estos datos subrayan la urgencia de actuar.
María Luisa Cruz resaltó la importancia del proyecto de ley para promover la conservación. Incluye iniciativas turísticas sostenibles, investigación científica, educación ambiental y corresponsabilidad social, además de impulsar el desarrollo económico, social, cultural y la seguridad en los territorios.
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María Luisa Cruz y el enfoque legislativo
La mesa legislativa recibió observaciones de ONG antes del informe para el primer debate. Sebastián Valdiviezo, de Wildlife Conservation Society, abogó por la autonomía del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Propuso mecanismos de sostenibilidad financiera y resaltó que estas zonas cubren el 19,5% del territorio nacional.
Valdiviezo agregó: “es fundamental garantizar la seguridad de los guardaparques, técnicos y administradores, quienes enfrentan constantes amenazas.” También sugirió esquemas de cogobernanza con pueblos y nacionalidades cercanas.
Contribuciones adicionales
Carmen Josse, de Fundación Ecociencia, destacó que las áreas naturales protegidas abarcan 2.206.194 hectáreas. Mencionó que los territorios indígenas suman 6.117.176 hectáreas, pidiendo su inclusión en las decisiones. Jaime Mendoza, de Fundación Nueva Democracia, enfatizó la necesidad de fortalecer al Ministerio del Ambiente.
Mendoza indicó: “la aplicación efectiva de la normativa propuesta requiere el fortalecimiento institucional del Ministerio del Ambiente, en especial en lo referente a la ejecución de planes de manejo.” Estas propuestas buscan proteger el entorno y apoyar a las comunidades afectadas.
El proyecto de ley representa un paso hacia la recuperación ambiental. Las autoridades evalúan estas sugerencias para equilibrar conservación y desarrollo. La iniciativa podría marcar un cambio significativo en la gestión de las áreas protegidas en Ecuador.
