La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional avanzó este lunes 23 de junio de 2025 en el análisis de una reforma legal al Código Orgánico de la Función Judicial. La legisladora Mariana Yumbay presentó los fundamentos de su propuesta durante una sesión especial. Este esfuerzo se enmarca en el contexto de un país con cerca de 120,000 personas indígenas en provincias como Santa Elena, Pichincha y Cotopaxi, según datos recientes. La iniciativa busca mejorar la justicia en estas regiones.
Yumbay basó su propuesta en el artículo 1 de la Constitución, que define a Ecuador como un Estado de derechos y justicia. También citó el artículo 171, que reconoce la jurisdicción indígena, junto al Convenio 169 de la OIT. Estos marcos legales apoyan la necesidad de armonizar ambos sistemas judiciales. La reforma responde a una demanda histórica de las comunidades indígenas.
El proyecto establece normas para garantizar la autonomía de la justicia indígena. Incluye la coordinación entre operadores de ambos sistemas y mecanismos de declinación de competencia. Además, propone formación continua para jueces y auxiliares. Estos elementos buscan resolver tensiones entre las jurisdicciones, un tema recurrente en zonas rurales.
La Comisión de Justicia promueve un enfoque intercultural
Un aspecto clave es que los jueces emitan sentencias con interpretación intercultural. Yumbay destacó que la propuesta se elaboró con participación de pueblos y nacionalidades indígenas. Esta inclusión respeta la Constitución, sentencias de la Corte Constitucional y tratados internacionales. El enfoque busca respetar las tradiciones locales en el sistema judicial.
La presidenta de la Comisión, Rosa Torres, valoró el diálogo abierto. Anunció que las observaciones recibidas pasarán por un análisis técnico-jurídico. Este proceso busca refinar la normativa antes de su aprobación. La disposición al consenso refleja un enfoque colaborativo en la Asamblea.
Los comisionados revisaron ejes de la reforma al Código Orgánico. Entre ellos están las funciones de la Fiscalía, el proceso de elección de su autoridad y el régimen disciplinario. También se abordó el fortalecimiento del pluralismo jurídico y la seguridad integral. Estos puntos enriquecerán el debate legislativo.
La Comisión de Justicia avanza en la seguridad judicial
La reforma considera casos específicos en Santa Elena, La Toglla y Cotopaxi. Estas áreas albergan a 120,000 indígenas, según estimaciones, lo que justifica la necesidad de ajustes legales. El pluralismo jurídico busca responder a sus necesidades legales. La discusión continúa con miras a una legislación más inclusiva.
La Comisión de Justicia planea integrar aportes técnicos en las próximas sesiones. Torres enfatizó la importancia de un análisis detallado para garantizar eficacia. Este enfoque podría sentar precedentes en la justicia ecuatoriana. Los resultados se esperan en los próximos meses.
