Campesinos, productores y ciudadanos del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, protagonizaron una caravana masiva para rechazar el proyecto de minería de Curimining S.A., denunciando una consulta ambiental fraudulenta y exigiendo la protección de sus fuentes de agua. La movilización, que unió a comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua, subrayó la defensa de la agricultura, la ganadería y el turismo como pilares económicos frente a la amenaza extractiva.
Una protesta unificada contra Curimining
La marcha, convocada por asociaciones de productores, juntas de agua, ganaderos, viveristas y comerciantes, recorrió las calles de Las Naves para visibilizar el impacto del proyecto minero El Domo-Curipamba, ubicado en la zona alta del cantón. Este proyecto, gestionado por Curimining S.A., filial de empresas canadienses, pretende extraer cobre, oro, zinc y plata. Sin embargo, pone en riesgo los ríos que abastecen a miles de familias dedicadas a actividades agrícolas y ganaderas. Según los manifestantes, la consulta ambiental realizada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) incumplió principios de transparencia y participación, calificándola de “corrupta e ilegal”.
Las comunidades denunciaron que la minería, tanto legal como ilegal, amenaza su forma de vida. “No permitiremos que destruyan nuestra tierra ni nuestras fuentes de agua”, afirmó un representante de las juntas de agua durante la caravana. La movilización incluyó motocicletas y pancartas con mensajes como “Fuera Curimining” y “Las Naves no es territorio minero”.
Contexto de resistencia campesina
Las Naves, un cantón subtropical reconocido por su producción de cacao, cítricos y ganadería, depende de la fertilidad de sus suelos y la disponibilidad de agua. El proyecto minero, ubicado en el cerro El Domo, podría contaminar ríos vitales para la agricultura y el consumo humano, según advierten los pobladores. Desde 2006, Curimining opera en la zona tras recibir concesiones que abarcan 1,500 hectáreas. Sin embargo, la oposición comunitaria ha crecido ante la falta de estudios ambientales confiables y la criminalización de defensores del agua.
En julio de 2023, protestas similares en Las Naves derivaron en enfrentamientos con la fuerza pública, dejando heridos y detenidos. Este año, tras la aprobación de la licencia ambiental en enero de 2024, las tensiones se intensificaron. Los manifestantes presentaron una acción de protección contra el MAATE, argumentando violaciones al derecho de consulta previa. Aunque un juez local rechazó la demanda, las comunidades apelaron y planean llevar el caso a instancias internacionales.
Impacto regional de la minería
La resistencia en Las Naves no es un caso aislado. Comunidades de Ventanas, Echeandía, San Luis de Pambil, Quimsaloma y Pangua se sumaron a la marcha, destacando la importancia de los ríos que nacen en Bolívar para la región. Estas localidades comparten la preocupación por la posible contaminación de sus fuentes hídricas, esenciales para el turismo y la agroecología. Organizaciones como el Frente Nacional Antiminero y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Bolívar apoyaron la movilización, llamando a la unidad entre campo y ciudad.
Por su parte, Curimining sostiene que la consulta ambiental cumplió con estándares internacionales. Sin embargo, los pobladores insisten en que el proceso excluyó a la mayoría de las 17 comunidades afectadas.
