Tres personas, incluyendo un privado de libertad, fueron sentenciadas por extorsión en Guayaquil. La víctima denunció haber recibido amenazas a cambio de $2.000, iniciando un proceso que culminó con la captura de los implicados gracias a un operativo de entrega controlada liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía.

Extorsión bajo presión: amenazas y manipulación

La investigación comenzó el 9 de junio de 2024, cuando una ciudadana presentó una denuncia formal en la Unidad de Patrimonio Ciudadano. Según el expediente fiscal, la mujer era víctima de amenazas continuas a través de mensajes de texto. Los extorsionadores, presuntos miembros de una organización delictiva, exigían el pago de $2.000 dólares bajo amenaza de atentar contra su integridad y la de sus familiares.

Como método de presión psicológica, los sospechosos enviaron un ramo de flores a la residencia de la víctima. Junto con el obsequio, incluyeron números de cuentas bancarias a las que debía transferirse el dinero. Temiendo por su seguridad, la víctima recurrió a las autoridades. La Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) ejecutó entonces una entrega controlada del dinero en una caseta de guardianía, ubicada en la avenida Isidro Ayora, al norte de Guayaquil.

Captura en flagrancia permitió desarticular la red de sentenciados por extorsión

Durante la operación, un motociclista recogió el sobre con el dinero pactado. Minutos después, fue detenido por agentes de la Unase. En su poder se encontraron elementos que lo vincularon directamente con la extorsión.

El sospechoso reveló información clave: señaló a una mujer, quien habría facilitado las cuentas bancarias, y a un privado de libertad, presunto autor intelectual del delito, quien cumple condena por robo en la Penitenciaría del Litoral. Gracias a estos datos, se logró identificar a todos los implicados. Las autoridades confirmaron que el grupo operaba desde dentro y fuera del sistema penitenciario, lo cual evidencia un patrón criminal cada vez más frecuente en Ecuador.

Tres procesados fueron sentenciados por extorsión

Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal del caso presentó evidencias sólidas: ocho testigos, informes periciales, reportes médicos-legales y videos del operativo. Se incluyó además el testimonio directo de la víctima y el informe del lugar de los hechos.

Los jueces del Tribunal Penal evaluaron las pruebas y emitieron sentencia. Edison Leonardo C. E., privado de libertad, recibió una condena de siete años de prisión como autor directo. A Wilkleider Omeiver A. C. y Yorgelis Evangelista B. P., considerados cómplices, se les impuso una pena de tres años y seis meses.

Extorsión: un fenómeno en aumento

Este caso se procesó bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la extorsión con penas de hasta siete años de cárcel. Además de las penas privativas de libertad, los jueces ordenaron una multa económica y una reparación integral a la víctima.

Casos como este revelan el crecimiento de redes delictivas que operan incluso desde centros penitenciarios. La articulación entre Fiscalía y Policía permitió desarticular esta red de extorsión, que operaba mediante amenazas y manipulación (31).